La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento de alto impacto institucional al fallar a favor de la gestora social de un municipio, quien interpuso una acción de tutela en contra de un creador de contenido digital a raíz de múltiples publicaciones realizadas en la red social Facebook. En dichas entradas, el ciudadano cuestionaba y opinaba abiertamente sobre el aspecto físico de la funcionaria, presuntas intervenciones quirúrgicas estéticas, su vida privada y el rol social o comportamental que, a juicio del autor, debía ejercer en su condición de mujer dentro del marco del desempeño de sus tareas de trascendencia pública.
Al evaluar el alcance del conflicto, el alto tribunal estableció un criterio claro de diferenciación procesal entre la veeduría ciudadana y la violencia basada en género. La Corte precisó que las valoraciones y cuestionamientos sobre el ejercicio de la función pública, la administración de recursos o las actuaciones institucionales de las mujeres en cargos visibles forman parte del núcleo protegido de la libertad de expresión y la participación política en una democracia. Sin embargo, la corporación enfatizó que las expresiones focalizadas en la corporalidad, la intimidad y la apariencia constituyen agresiones dirigidas a menoscabar la dignidad individual.
En su análisis jurídico, la magistratura concluyó que las publicaciones objeto de la tutela incurrieron de manera directa en violencia de género digital, al sexualizar, cosificar, instrumentalizar y desacreditar a la accionante utilizando estereotipos de género. De acuerdo con el fallo, este tipo de ataques sistemáticos no solo desplazan de fondo el debate legítimo sobre la gestión administrativa, sino que generan entornos públicos y políticos hostiles que promueven la autocensura, desincentivan la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión y afectan de forma gravosa su presencia y reconocimiento profesional en la sociedad.
