Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, volvió a poner su situación judicial en el centro de la atención al presentar, junto con su esposa y sus tres hijos, una demanda de reparación directa contra varias entidades del Estado colombiano.
La acción judicial fue dirigida contra la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores. Los demandantes buscan que se establezca una eventual responsabilidad estatal por las actuaciones relacionadas con la orden de captura con fines de extradición emitida contra Marín Buitrago en 2024.
Según los argumentos expuestos en la demanda, el procedimiento habría provocado afectaciones emocionales y psicológicas tanto en el señalado como en varios integrantes de su familia.
El proceso tiene como antecedente una orden de captura expedida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Los demandantes sostienen que el daño que pretenden reclamar se habría materializado posteriormente, cuando Marín Buitrago fue capturado en Valencia, España, el 5 de abril de ese mismo año.
La situación judicial no terminó allí. El 3 de diciembre de 2024, el empresario volvió a quedar privado de la libertad, esta vez en Portugal, donde permaneció detenido hasta el 9 de junio de 2025. En esa fecha recuperó la libertad provisional después de que sus abogados promovieran una acción de hábeas corpus.
Alegan error judicial y fallas en el servicio
Uno de los principales argumentos de la demanda apunta a un supuesto error jurisdiccional que los demandantes atribuyen a la Rama Judicial. También plantean una presunta falla en el servicio por parte de la Fiscalía y de los ministerios involucrados en el trámite de extradición.
La pretensión busca que estas actuaciones sean examinadas dentro de un proceso de reparación directa y que, de encontrarse responsabilidad estatal, se reconozca una indemnización a los integrantes de la familia.
Los demandantes solicitan el equivalente a 400 salarios mínimos, una suma que ronda los $700 millones, destinada a Marín Buitrago, su esposa y sus tres hijos.
La familia argumenta además que el proceso penal y las actuaciones relacionadas con la extradición les habrían generado consecuencias psicológicas y emocionales.
El proceso penal que enfrenta Marín Buitrago
La demanda no elimina ni modifica la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Diego Marín Buitrago.
El señalado enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor. Dentro de esa investigación, las autoridades lo han señalado como presunto articulador de una estructura dedicada al contrabando y como supuesto ‘zar del contrabando’.
La demanda de reparación directa se concentra, específicamente, en las actuaciones estatales relacionadas con la orden de captura y el trámite de extradición, por lo que será la jurisdicción correspondiente la encargada de determinar si existió o no responsabilidad de las entidades demandadas.
Ya había fracasado una conciliación
Antes de acudir nuevamente a la vía judicial, las partes participaron en una audiencia de conciliación ante la Procuraduría en diciembre de 2025.
Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdo. Según el acta, la audiencia fue declarada fallida ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, con lo cual se dio por agotada la etapa extrajudicial.
Posteriormente, el proceso de reparación directa fue inadmitido en agosto y los demandantes presentaron una nueva subsanación con la intención de superar las observaciones y permitir que la acción avance.
Ahora será la justicia administrativa la que deberá determinar si la demanda cumple los requisitos para continuar y, eventualmente, establecer si existieron actuaciones irregulares atribuibles a las entidades señaladas.
Mientras tanto, Marín Buitrago continúa vinculado al proceso penal por los delitos que le atribuye la Fiscalía, mientras que su nueva acción contra el Estado abre otro frente judicial, esta vez encaminado a obtener una eventual indemnización por las consecuencias que, según él y su familia, les habría ocasionado el trámite de captura y extradición.
