Un proyecto de energía solar contratado para llevar electricidad a más de 10.000 viviendas vulnerables de La Guajira enfrenta fuertes cuestionamientos por sus retrasos y por las condiciones encontradas en varias comunidades indígenas, donde todavía hay familias esperando la instalación de los sistemas fotovoltaicos.
Una investigación de revista Semana, basada en un recorrido por comunidades de Maicao y Albania, documentó obras que aún no comienzan, entregas parciales, equipos que presentarían fallas y, según testimonios recogidos en territorio, paneles instalados incluso en viviendas que permanecen deshabitadas.
El proyecto fue estructurado mediante un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), con el objetivo de implementar 10.664 soluciones solares fotovoltaicas en La Guajira. El valor del convenio asciende a $322.709 millones, de acuerdo con el informe de gestión de Dispac.
Solo 862 viviendas aparecen energizadas
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la diferencia entre las metas previstas y los resultados reportados.
Según la información entregada por Dispac, al 18 de septiembre aparecían energizadas apenas 862 de las 10.664 soluciones contratadas, equivalente al 8,1 % del total.
La distribución reportada fue de 263 soluciones energizadas en el lote 1, 60 en el lote 2, 270 en el lote 3 y 269 en el lote 4.
El problema adquiere mayor dimensión al comparar esas cifras con los cronogramas del proyecto. Para finales de septiembre, los lotes 1 y 4 tenían prevista una ejecución cercana al 93,5 %, mientras que para los lotes 2 y 3 se proyectaba un avance aproximado del 69,5 %.
De acuerdo con los cuatro contratistas habían recibido anticipos superiores a $100.000 millones, mientras todavía quedaban pendientes 9.802 soluciones por instalar.
El plazo establecido para completar el montaje, poner en funcionamiento los sistemas, capacitar a los usuarios y cerrar el proyecto llega hasta el 30 de noviembre de 2026.
Comunidades siguen esperando
El recorrido periodístico encontró comunidades indígenas que, pese a haber sido censadas y georreferenciadas, todavía no cuentan con los sistemas prometidos.
En Montañita, por ejemplo, Rafael Jayariyú aseguró que el proyecto contempla 72 usuarios, pero que hasta el momento no habían llegado los materiales ni los instaladores.
Situaciones similares fueron reportadas en Mouwasira y Kululumana. Habitantes de estas comunidades señalaron que fueron contactados, censados y fotografiados como parte del proceso, pero las instalaciones no han comenzado.
La falta de energía tiene consecuencias que van más allá de la iluminación. Los habitantes aseguran que deben desplazarse hasta otras viviendas para cargar sus teléfonos celulares, mientras que líderes comunitarios advierten que la ausencia de electricidad también limita las posibilidades de conectividad y herramientas educativas para los niños.
Paneles con fallas y viviendas deshabitadas
En Wayachón, algunas familias que sí recibieron los equipos reportaron problemas en el funcionamiento de los sistemas.
Una de las habitantes aseguró que los equipos se apagan durante varios días y que en varias oportunidades han tenido que solicitar asistencia para restablecer el servicio. También relató problemas relacionados con baterías.
Pero uno de los señalamientos que más llama la atención corresponde a la instalación de paneles en viviendas que, según habitantes consultados, permanecen desocupadas.
Paola Atencio, residente de Wayachón, afirmó además que existirían cerca de diez paneles que quedaron sin asignar y que la comunidad tendría que definir qué hacer con ellos.
“Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas”, aseguró la habitante en declaraciones recogidas.
Estas situaciones abren interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar los beneficiarios, las condiciones de las viviendas antes de realizar las instalaciones y el seguimiento efectuado sobre los equipos entregados.
Contratos y cuestionamientos
El proyecto también ha sido objeto de cuestionamientos por las empresas que participan en su ejecución.
SEMANA había revelado previamente que los cuatro contratos para instalar las soluciones solares fueron adjudicados por un valor superior a $300.000 millones y que en algunos de los consorcios aparecen empresas o personas relacionadas con compañías vinculadas al caso de Centros Poblados.
Según esa investigación, los cuatro procesos tuvieron un único proponente cada uno. Los contratos correspondieron a cuatro lotes de 2.677, 2.674, 2.659 y 2.654 usuarios, respectivamente, además de un contrato de interventoría.
La investigación también señaló la participación de empresas con antecedentes empresariales que no estaban inicialmente concentrados en el sector energético.
Sin embargo, estos vínculos empresariales y los cuestionamientos sobre los contratistas no constituyen por sí mismos una prueba de irregularidad o responsabilidad penal. Se trata de aspectos señalados en la investigación periodística que deberán ser examinados por las autoridades competentes si se presentan denuncias o investigaciones formales.
Dispac reconoce el avance, pero defiende la ejecución
La empresa distribuidora ha respondido a los cuestionamientos señalando que los anticipos entregados a los contratistas corresponden a mecanismos de financiación inicial destinados a poner en marcha el proyecto y no constituyen pagos asociados exclusivamente al porcentaje de obra ejecutada.
Asimismo, Dispac sostuvo que el porcentaje de soluciones energizadas no refleja por sí solo todo el avance físico del proyecto y aseguró que existen materiales y actividades desarrollándose en territorio.
La empresa también explicó que, frente al proceso contractual, recibió observaciones y amplió de cinco a diez años el periodo de experiencia admisible para los proponentes.
No obstante, frente al recorrido realizado por la revista Semana, los testimonios de las comunidades y los señalamientos relacionados con viviendas deshabitadas y equipos averiados, la empresa fue consultada específicamente sobre estos aspectos, pero el medio reportó que no obtuvo respuesta.
El proyecto, por ahora, enfrenta el desafío de convertir una inversión superior a $322.000 millones en soluciones efectivamente operativas para las comunidades que fueron incluidas como beneficiarias. Con miles de instalaciones todavía pendientes y un plazo que vence el 30 de noviembre, el cumplimiento de las metas será uno de los principales puntos de seguimiento sobre esta iniciativa energética en La Guajira.
