La reunión de Valledupar, que ha generado controversia por los señalamientos sobre un supuesto complot con fines electorales, vuelve a estar en el centro del debate por la presencia de funcionarios del Gobierno, antiguos jefes paramilitares y asesores vinculados a distintos sectores.
Según la información divulgada sobre el encuentro, el único de los señalados que habría estado presente en la reunión y que fue mencionado para rendir declaración es alias ‘Martín Llanos’. Entre los representantes del Gobierno habrían participado Angie Rodríguez, el entonces ministro Armando Benedetti, el asesor Víctor Currea de Lugo y Jorge Lemus, quien para ese momento dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También habría asistido el abogado Juan Carlos Villamizar, identificado como asesor jurídico de Salvatore Mancuso.
La participación de Lemus plantea preguntas sobre el propósito de su presencia. De acuerdo con el relato divulgado, el entonces director de la DNI no habría logrado explicar qué hacía en esa reunión.
Encuentro privado y entrevista frustrada
Después de una discusión relacionada con el supuesto complot, Angie Rodríguez, Mancuso, Lemus, Currea de Lugo y alias ‘Macaco’ habrían sostenido una reunión a puerta cerrada. Hasta ahora, el contenido de esa conversación no ha sido esclarecido públicamente.
El encuentro también habría frustrado una entrevista que preparaba una presentadora de RTVC con antiguos jefes paramilitares. Según la versión conocida, ninguno aceptó participar después de que alias ‘Jorge 40’ manifestara que no concederían la entrevista.
Durante la reunión también se encontraba Gloria Gaitán, hija del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien habría asistido en calidad de víctima y protagonizado reclamos contra los exparamilitares, a quienes calificó de asesinos.
Denuncias de amenazas y nuevas preguntas
Otro episodio relacionado con estas versiones se remonta a dos meses atrás, cuando Severini, entre lágrimas, responsabilizó a Laíno Scoppetta de amenazar a su familia. La denuncia se habría producido después de que lo señalara como “sapo de la JEP”.
La conexión entre estos hechos y la reunión de Valledupar deberá establecerse mediante pruebas y testimonios que permitan determinar si existió una operación coordinada y quiénes habrían participado en ella.
Quien divulgó la información explicó que no la había publicado un año atrás por razones de seguridad de las fuentes y porque todavía faltaban elementos para verificar hechos de esa gravedad. Aseguró que posteriormente contrastó versiones, revisó fechas y lugares y tuvo en cuenta las declaraciones recientes de Angie Rodríguez antes de hacer pública su denuncia.
La principal cuestión por esclarecer es si el encuentro buscaba coordinar acciones para afectar a determinados sectores políticos durante la campaña electoral. Por ahora, esa hipótesis debe tratarse como un señalamiento pendiente de corroboración judicial.
La Fiscalía y los organismos de control tendrán que establecer qué ocurrió en Valledupar, cuál fue el objetivo de la reunión y si hubo actuaciones irregulares por parte de funcionarios públicos. La asistencia a un encuentro, por sí sola, no demuestra la participación en un supuesto complot.
