Las declaraciones de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y los testimonios atribuidos a antiguos comandantes paramilitares reavivaron la controversia sobre una reunión realizada en Valledupar en octubre de 2025. Según sus relatos, durante ese encuentro funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían planteado que los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hablaran sobre supuestos vínculos de Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras con el paramilitarismo.
La denuncia fue divulgada por la revista, que afirmó haber contrastado la versión de Rodríguez con tres excomandantes de las AUC que participaron en la reunión. Los entrevistados, quienes entregaron parte de sus testimonios bajo reserva de identidad, habrían respaldado la existencia de conversaciones sobre los tres dirigentes políticos.
Las acusaciones son de gravedad, pero deben mantenerse en el terreno de las denuncias mientras las autoridades establecen qué ocurrió, qué se dijo durante las reuniones y si existen pruebas que permitan atribuir responsabilidades.
Angie Rodríguez señala una instrucción de Petro
Rodríguez, quien estuvo a cargo de la logística y la organización del encuentro, aseguró que el entonces presidente Gustavo Petro le habría indicado que los antiguos comandantes paramilitares debían hablar sobre la presunta participación de Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras.
“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total”, afirmó Rodríguez, según el relato publicado.
La exfuncionaria sostuvo que inicialmente creyó que el objetivo era cerrar asuntos pendientes del proceso de paz con las autodefensas y avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado. Sin embargo, aseguró que posteriormente entendió que el propósito de la reunión podía ser distinto.
De acuerdo con su testimonio, durante el encuentro les comunicó a los exjefes de las AUC que el Gobierno quería que hablaran de los tres dirigentes. La reacción, según narró, fue de incomodidad y rechazo por parte de algunos asistentes.
Rodríguez afirmó que varios se opusieron a participar en lo que consideraban una declaración orientada contra figuras políticas y propusieron concentrarse en la reparación de las víctimas, la entrega de información sobre fosas comunes y el esclarecimiento de crímenes cometidos durante el conflicto.
La exdirectora del Dapre también aseguró que, después de informarle a Petro sobre esa reacción, el entonces mandatario se molestó y le habría ordenado regresar a Bogotá, incluso bajo la advertencia de apartarla del Gobierno si no obedecía.
Los excomandantes respaldan parte de la versión
Según la publicación periodística, uno de los antiguos jefes paramilitares afirmó que durante la reunión Angie Rodríguez y el asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo mencionaron a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras al hablar sobre las verdades que debían conocerse en el país.
Otro entrevistado sostuvo que algunos asistentes manifestaron su desacuerdo y amenazaron con retirarse. En sus relatos, los excomandantes insistieron en que sus versiones sobre el conflicto ya habían sido entregadas ante la justicia y que cualquier nueva declaración debía responder a los procedimientos legales.
El encuentro se realizó en una casa campestre en las afueras de Valledupar y contó, de acuerdo con la información publicada, con la presencia de 11 antiguos comandantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40.
La reunión había sido presentada en el marco de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en el esclarecimiento de la verdad relacionado con el proceso de desmovilización de las autodefensas. La controversia actual se centra en si ese espacio fue utilizado también para promover señalamientos contra dirigentes de oposición.
La mención de Iván Cepeda
Uno de los testimonios publicados agregó otro elemento a la polémica. Un exjefe paramilitar afirmó que, cuando fue trasladado de regreso a Bogotá en un avión después de la reunión, vio al entonces senador Iván Cepeda a bordo, sentado en las primeras sillas junto a otra persona.
El entrevistado aseguró que desconocía la razón de la presencia de Cepeda en Valledupar y que no recibió una explicación sobre el motivo de ese viaje. La publicación señaló que contactó al dirigente político para conocer su versión, pero que no obtuvo respuesta.
La presencia que describe el testigo, por sí sola, no demuestra que Cepeda hubiera participado en las conversaciones denunciadas ni que conociera un supuesto propósito electoral. Para establecerlo se necesitarían elementos adicionales que permitan aclarar las circunstancias del viaje y su relación, si la hubo, con el encuentro.
Mancuso también hizo la denuncia
Salvatore Mancuso, quien participó en la reunión, divulgó un mensaje en el que aseguró que delegados del Gobierno les habrían pedido a antiguos comandantes de las AUC acusar a tres dirigentes para favorecer una elección.
“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, manifestó.
Su declaración coincide en aspectos centrales con los relatos atribuidos a Rodríguez y a otros participantes del encuentro. No obstante, esa coincidencia debe ser examinada junto con las actas, comunicaciones, registros y demás elementos que puedan estar disponibles para las autoridades.
El caso plantea preguntas sobre el propósito de las reuniones con antiguos comandantes paramilitares, el papel que cumplieron los funcionarios que las coordinaron y la eventual existencia de instrucciones para orientar testimonios contra adversarios políticos.
Por ahora, las versiones conocidas públicamente no sustituyen una determinación judicial. La Fiscalía tendrá que establecer si existen elementos suficientes para abrir o ampliar investigaciones, verificar los testimonios y determinar si hubo actuaciones ilegales o un uso indebido de los espacios destinados al esclarecimiento de la verdad.
