La diligencia quedó programada para el próximo viernes 4 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El congresista fue citado a rendir versión libre dentro de la indagación previa que se adelanta por los posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante la Corte por Daniel David Martínez, egresado de Derecho, quien cuestionó el mecanismo utilizado por Benavides y una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, Laura Camila Vargas, para recolectar recursos destinados a las personas afectadas por el desastre natural.
El origen de la controversia
La polémica comenzó después de que Benavides utilizara sus redes sociales para solicitar aportes económicos con destino a los damnificados del terremoto en Chocó.
Según la denuncia, las cuentas bancarias utilizadas para recibir los recursos fueron presentadas inicialmente como pertenecientes a una fundación. Sin embargo, posteriormente se habría encontrado que una de ellas aparecía registrada a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, dirigente político del Chocó señalado de tener cercanía con el congresista.
Esta situación generó cuestionamientos sobre quién administró realmente los recursos y bajo qué figura jurídica fueron recibidas las donaciones.
El denunciante solicitó a la Corte realizar una revisión jurídica, bancaria y contable de la colecta, así como establecer el destino de los recursos recaudados.
De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, Benavides y su equipo habrían logrado recoger más de $300 millones destinados, según lo anunciado públicamente, a atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.
La Corte ya abrió una indagación previa
El caso llegó al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien decidió abrir una indagación previa para establecer si existen elementos que permitan determinar la posible comisión de conductas penales.
La apertura de esta etapa no significa que el congresista haya sido declarado responsable de los delitos investigados. Precisamente, la versión libre permitirá que Benavides explique ante la Corte las circunstancias en las que se realizó la colecta, quiénes participaron en su organización y cuál fue el manejo dado a los recursos.
También tendrá la oportunidad de entregar las explicaciones y documentos que considere pertinentes para demostrar la legalidad de las actuaciones realizadas.
Benavides dice tener “las manos limpias”
Luego de conocerse las actuaciones de la Corte Suprema, el representante reaccionó públicamente y defendió la finalidad de la colecta.
“Si me van a mandar a la cárcel por ayudar a mi gente del Chocó, me iré con gusto”, manifestó el congresista, al tiempo que aseguró que tiene “las manos limpias” y la conciencia tranquila.
La defensa del legislador se concentra en explicar que la iniciativa tuvo como propósito apoyar a las víctimas del terremoto y que los recursos fueron solicitados para atender la emergencia.
Ahora tendrá que exponer formalmente esa posición ante el alto tribunal.
¿Qué busca establecer la investigación?
Uno de los principales objetivos de la indagación será determinar quién recibió y administró los recursos, cuál fue la naturaleza jurídica de las cuentas utilizadas, qué relación existía entre las personas involucradas y la supuesta fundación, y cuál fue el destino final del dinero recolectado.
La Corte también deberá establecer si las actuaciones desarrolladas durante la campaña de donaciones pudieron configurar alguna conducta penal o si, por el contrario, se trató de una iniciativa de ayuda humanitaria que se desarrolló dentro del marco legal.
La diligencia del 4 de septiembre será, por ahora, uno de los momentos claves del proceso, pues permitirá al congresista responder directamente ante el magistrado que lleva la indagación.
Después de escuchar su versión y revisar los elementos disponibles, la Corte Suprema determinará cuáles serán los siguientes pasos dentro de la actuación.
Mientras tanto, el caso mantiene bajo escrutinio el manejo de los recursos recolectados después del terremoto y vuelve a poner sobre la mesa los controles que deben existir cuando funcionarios públicos y sus equipos participan en campañas de solidaridad dirigidas a comunidades afectadas por emergencias.
