Un tribunal boliviano declaró este viernes en “rebeldía” al expresidente Evo Morales, luego de que no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que debía resolver una acusación por trata agravada de personas. La acusación está relacionada con su presunta relación con una menor con la que habría tenido un hijo en 2016. Esta situación ha generado un profundo debate legal y político en el país.
El juez Nelson Rocabado, tras escuchar las explicaciones de la defensa de Morales sobre su supuesto estado de salud, que incluía bronconeumonía y bradicardia, determinó que estos argumentos no eran suficientes para justificar su inasistencia. Como consecuencia, el tribunal ordenó aplicar un “arraigo nacional”, emitir un mandamiento de aprehensión contra el exmandatario, congelar sus cuentas y registrar preventivamente sus bienes.
La defensa de Morales, encabezada por el abogado Jorge Pérez, calificó el proceso de “ilegal” y aseguró que el expresidente no había sido debidamente notificado, además de que el caso ya había sido resuelto anteriormente. Pérez también acusó a las autoridades judiciales de prevaricato, argumentando que el proceso estaba siendo utilizado con fines políticos.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló que el caso entra en una nueva etapa, ya que la orden de aprehensión dictada en octubre de 2024 ha quedado sin efecto, y ahora rige la resolución del juez. Gutiérrez informó que el juicio se suspendería hasta que Morales se presente ante la justicia.
La imputación por trata agravada se originó en diciembre, cuando Morales fue señalado por presuntamente mantener una relación con una menor durante su mandato, quien también habría sido explotada por sus padres a cambio de favores. La mujer involucrada, en una reciente declaración, negó haber sido víctima de trata y acusó persecución política por parte de autoridades del gobierno.
Morales, quien desde octubre se encuentra en el Trópico de Cochabamba, bajo el resguardo de sus seguidores, enfrenta una creciente tensión en su relación con el actual presidente Luis Arce, con quien mantiene diferencias desde 2021 sobre diversos temas, incluido el control del Movimiento al Socialismo (MAS). Este proceso judicial agrava aún más la situación política en el país.
