La organización advierte que 16.000 menores están en riesgo por desnutrición.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló a través de un comunicado que 5.320 niñas y niños del departamento de La Guajira han muerto por desnutrición, aunque no especificaron en que lapso se dieron estos decesos. Además, denuncian que otros 16.000 menores están en riesgo por este mismo estado patológico.
El comunicado indica que a pesar de los llamados de atención por parte de las autoridades nacionales, en el ámbito local no hay avances. Por el contrario, señalaron que la situación empeora con los días, pues los menores no sólo no tienen seguridad alimentaria y acceso a agua potable, sino que tampoco tienen espacios dignos para su desarrollo.
En este punto también hacen referencia a la infraestructura educativa de La Guajira. Según denunció la organización indígena, en cinco de cada diez colegios del departamento, los niños tienen que hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre.
Además, el comunicado señala que los menores deben caminar largas distancias para llegar a las instituciones, y que solo una pequeña parte de ellos alcanza a graduarse. Indican que de cada 100 menores guajiros que terminan el bachillerato, solo cinco de ellos tienen acceso a la educación superior.
“En este mismo territorio, la Corte Constitucional, en sentencia T- 302 del año 2017, emitió órdenes concretas para detener la muerte por hambre y sed de los niños y niñas del pueblo wayúu; sin embargo, cruel realidad es que el genocidio étnico continúa”, sostuvo Beatriz Salas, vocera de la Onic, durante una rueda de prensa.
La organización asegura que la problemática de corrupción ha ido aumentando en La Guajira con el pasar de los años. A la fecha, según la ONG, los habitantes de la península sienten que han sido abandonados por los gobernantes, tanto locales como nacionales. Señalan que en el orden estatal tampoco se han tomado medidas contundentes para evitar saqueos en la región.
“Más que el hambre y la sed, a la población wayúu la está matando la corrupción y falta de gobernabilidad”, dijo José Silva, líder indígena y presidente de la ONG Nación Wayúu.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a las autoridades el día 12 de octubre, para llevar a cabo una “acción conjunta y preservar así los derechos nutricionales de la primera infancia en el país”.
