La investigación sobre el millonario entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD) ha revelado nuevos detalles comprometedores.
Según las pruebas entregadas a la Fiscalía General de la Nación por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se ha evidenciado una serie de intentos de comunicación entre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y López.
Este miércoles 7 de agosto, se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, quienes están involucrados en el caso de corrupción. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para Pinilla y Olmedo López, mientras se continúa con las investigaciones respecto a los dos exfuncionarios de la Presidencia.
Entre las pruebas presentadas se encuentran mensajes de WhatsApp que revelan varias llamadas de González a Olmedo López. Uno de los chats, fechado el 11 de octubre de 2023, muestra una comunicación entre González y el entonces director de la UNGRD, justo un día antes de la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name, en ese entonces presidente del Senado.
La defensa de Olmedo López ha indicado que, además de las llamadas de González, el 11 de octubre también recibió 11 llamadas de Sandra Ortiz, quien en ese momento era consejera para las Regiones y presuntamente actuó como intermediaria en el pago al senador del partido Alianza Verde.
Otro chat relevante muestra una conversación entre Olmedo López y Sara Sepúlveda, asesora de Carlos Ramón González. En el mensaje, Sepúlveda menciona que su jefe le pidió solicitar un mapa regional de todas las entidades durante una reunión.
El pasado 25 de julio se realizó la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Los tres enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. En el caso de Pinilla y Olmedo López, las penas podrían oscilar entre 8 y 33 años de prisión, además de multas equivalentes al valor del dinero apropiado, sin superar los 50 mil salarios mínimos legales vigentes.
