La Fundación Para el Estado de Derecho advierte uso indebido de mecanismos democráticos y presiona al Congreso
Una nueva acción judicial fue presentada ante el Consejo de Estado contra el polémico decreto presidencial que convoca a una consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional. En esta ocasión, la denuncia fue radicada por la Fundación Para el Estado de Derecho, que advierte serias irregularidades en el uso del mecanismo, y cuestiona su constitucionalidad.
Según la fundación, el decreto no solo representa una extralimitación del poder presidencial, sino que además configura una forma de “extorsión política”: “El Gobierno estaría utilizando esta consulta como una herramienta de presión indebida sobre el Congreso, tensando el sistema judicial y desfigurando los mecanismos legítimos de participación democrática”, advirtió la organización.
La denuncia enfatiza que, mientras el proyecto de reforma laboral sigue su trámite legislativo, el uso de una consulta popular para forzar el contenido de esa reforma afecta gravemente la separación de poderes, principio fundamental del Estado de derecho.
La acción ante el Consejo de Estado se suma a las múltiples críticas que ha suscitado el decreto desde diversos sectores, incluidos gremios, juristas, expresidentes y partidos políticos. El tema ahora queda en manos de las altas cortes, que deberán evaluar si el decreto se ajusta al marco constitucional colombiano.
Mientras tanto, continúa la controversia nacional por el alcance, legalidad y consecuencias políticas del llamado “decretazo”.
