El organismo de control revisará cinco contratos relacionados con drones, sistemas antidrones, computadores, tecnología biométrica y mobiliario. También verificará la ejecución de una plataforma de inteligencia y contrainteligencia.
La Contraloría General de la República ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor supera los $20.783 millones, ante denuncias sobre posibles fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y sobrecostos.
La decisión, anunciada este lunes 9 de noviembre, incluye adquisiciones de equipos destinados a labores de inteligencia y contrainteligencia, así como tecnología y dotación para las instalaciones de la entidad.
Entre los contratos que serán examinados se encuentran:
Helicóptero no tripulado: adquisición cercana a los $9.000 millones. Se revisarán sus especificaciones técnicas, las fallas reportadas y el siniestro ocurrido en marzo de 2026.
Sistemas antidrones: compra de tres equipos por aproximadamente $8.340 millones. Se verificará su entrega, funcionamiento y utilización.
Computadores: contrato por $1.314 millones para adquirir 595 equipos en 2024, sobre los cuales se reportaron posibles problemas de calidad.
Sistema biométrico: adquisición por $580 millones en 2022. La Contraloría investigará por qué no habría entrado en funcionamiento y si era compatible con la infraestructura tecnológica de la DNI.
Mobiliario para la sede de Funza: contratación por cerca de $1.549 millones, que será revisada para establecer si hubo sobrecostos y si los bienes fueron entregados conforme a lo pactado.
La revisión también abarcará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, versión 2, para establecer si se cumplieron las obligaciones contractuales y si los recursos fueron utilizados de acuerdo con los objetivos previstos.
La reserva de inteligencia no impedirá el control fiscal
El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, advirtió que el carácter reservado de las operaciones de inteligencia no puede impedir la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.
«La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos», manifestó.
Para adelantar las verificaciones, el organismo solicitará estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías contractuales.
La Contraloría precisó que la revisión busca determinar si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos o situaciones que puedan representar un daño al patrimonio público. Si encuentra posibles responsabilidades fiscales, penales o disciplinarias, remitirá los hallazgos a las autoridades competentes.
La actuación se conoce en medio de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro. Por ahora, la apertura de esta revisión no significa que se haya demostrado un detrimento patrimonial ni que existan responsables determinados.
