La Misión de Observación Electoral, MOE, a través de su coordinador del Observatorio Político Electoral, Camilo Mancera, se refirió a la propuesta de reforma política que lleva su curso en el Congreso de la República.
De acuerdo con Mancera, si bien la reforma fue anunciada con los objetivos de fortalecer la democratización interna de las organizaciones políticas y la transparencia en la financiación de las campañas, así como ampliar la participación ciudadana en los espacios de representación política, algunos de los artículos no cumplen dicha función.
Entre los puntos que la plataforma destacó como positivos, se encuentran la adopción de las listas cerradas bajo los principios de paridad de género, alternancia y universalidad; así como las medidas encaminadas al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas. Sin embargo, advierte con preocupación que “aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso, hasta el 2030”.
Por otra parte, aseguraron que las reglas para la financiación de las campañas políticas son contradictorias a la incorporación de las listas cerradas. Uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control y la vigilancia, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados en las campañas, al centralizar la rendición de cuentas en los partidos. “Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el pretendido objetivo de transparentar la financiación”, señaló Mancera.
Sumado a ello, precisó que “previo a la aprobación del voto obligatorio, es necesario que la organización electoral y el gobierno nacional adopten las medidas necesarias para garantizar que este no genere mayores inequidades y castigos desproporcionados contra quienes ya tienen obstáculos para votar”, precisó.
Finalmente, la MOE instó al Congreso a que en los siguientes debates se reabra la discusión del artículo de la reforma en el que se eliminaban las funciones actuales de la Procuraduría General de la Nación, que permiten la destitución de funcionarios de elección popular. “Lo anterior, debido a que estas van en contravía de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia”, se lee en la comunicación.
