El ministro de Justicia, Iván Cancino, aceptó formalmente la renuncia de ocho integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal, mediante una resolución que oficializa su salida de este organismo encargado de formular recomendaciones y aportar análisis en asuntos relacionados con la política criminal del país.
La decisión cobija a Yessika Hoyos Morales, Martha Cecilia Abella de Fierro, Rocío del Pilar Peña Huertas, Aura María Cárdenas, María Camila Moreno, Julio César Ortiz y Francisco Bernate Ochoa.
La resolución suscrita por el jefe de la cartera de Justicia formaliza así la desvinculación de los integrantes que presentaron su renuncia a la Comisión, en un movimiento que abre una nueva etapa para este organismo asesor del Gobierno nacional.
La Comisión Asesora para la Política Criminal cumple un papel técnico y consultivo en el análisis de las políticas relacionadas con prevención del delito, administración de justicia, sistema penitenciario, derechos humanos y demás asuntos que hacen parte de la política criminal del Estado.
La salida de los ocho integrantes se produce en momentos en que el Gobierno nacional adelanta una revisión de diferentes componentes de su política de seguridad y justicia, por lo que la recomposición de la Comisión podría tener incidencia en las discusiones y recomendaciones que se formulen hacia adelante.
Entre los nombres incluidos en la resolución se encuentra Francisco Bernate Ochoa, abogado y académico con trayectoria en asuntos jurídicos, cuya salida se suma a la de los demás integrantes que venían participando en este órgano asesor.
La aceptación de las renuncias no implica, por sí misma, una modificación de las funciones de la Comisión, pero sí deja planteado el interrogante sobre quiénes asumirán los espacios que quedan disponibles y cuál será el nuevo perfil de sus integrantes.
La resolución del ministro Cancino constituye, por tanto, un paso administrativo para formalizar la salida de los ocho miembros y abre el camino para la eventual conformación de una nueva composición de la Comisión Asesora para la Política Criminal.
El relevo también podría convertirse en un punto de atención para sectores académicos, jurídicos y políticos, especialmente por el papel que este organismo tiene en la discusión de las reformas y estrategias que el Gobierno pretenda impulsar en materia de justicia y seguridad.
