Las solicitudes provienen de varios integrantes del Congreso, quienes consideran que la legisladora debe responder ante las autoridades por los señalamientos y apartarse de su cargo mientras avanzan las investigaciones.
La senadora Jennifer Pedraza, quien presentó una denuncia penal contra Estrada, manifestó que espera que la representante deje su curul. También cuestionó que continúe ejerciendo funciones de representación política mientras se aclara la controversia sobre sus credenciales académicas.
Por su parte, el representante Miguel Ángel Pinto afirmó que Estrada tiene derecho a defenderse, pero sostuvo que debería hacerlo por fuera del Congreso. En sus declaraciones, la acusó de haber utilizado presuntamente documentos falsos relacionados con su formación profesional, tarjeta de matrícula y experiencia laboral para acceder a contratos estatales.
A las peticiones se sumó el senador Germán Rodríguez, quien informó que presentó una queja ante la Comisión de Ética del Congreso para solicitar que se investigue la conducta de la representante. También anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.
La controversia tiene como antecedente la denuncia presentada por la Universidad Nacional ante la Fiscalía. La institución informó que, tras revisar sus registros, no encontró evidencia de que Estrada hubiera cursado o recibido el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que aparece en el diploma atribuido a esa universidad. También indicó que el documento de registro presentado para verificar su autenticidad no fue expedido por la sede Medellín.
El caso incluye otros cuestionamientos sobre documentos laborales y una presunta tarjeta profesional. Las autoridades deberán establecer la autenticidad de esos soportes y determinar si hubo conductas sancionables.
Hasta ahora, las solicitudes de renuncia corresponden a pronunciamientos de congresistas. La eventual responsabilidad penal o disciplinaria de Estrada deberá establecerse mediante los procesos correspondientes. La representante conserva la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en su contra.










