El Gobierno no tiene competencias ni de investigación, ni de vigilancia, ni sancionatorias frente a organizaciones electorales.
Daniel Palacios, ministro del Interior, así le contestó al expresidente Andrés Pastrana dejándole claro que las denuncias de un posible ‘golpe de Estado’, durante las elecciones presidenciales, deben ser investigadas por los órganos de control y de investigación, quienes pueden determinar la validez de esas denuncias.
Desde el Gobierno, como constitucionalmente se indica, se debe acompañar el proceso, garantizar la seguridad, como también vigilar dentro de la Comisión de Garantías dijo Palacios en el sentido de que las recomendaciones y observaciones de los partidos se cumplan.
“Hay un plan de mejoramiento que está avanzando; yo no podría referirme a estos señalamientos que hace el expresidente Pastrana, pero sí diría que deben ser los órganos de control y los órganos de investigación quienes determine la validez de esas denuncias. Cuando en Colombia se presenta una denuncia no quiere decir que es cierto, quiere decir que hay que investigar y en ese sentido la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría deben avanzar en las investigaciones pertinentes”, expresó el ministro del Interior y recordó que, “el Gobierno Nacional no es el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…) El Gobierno no elige al registrador, eso es producto de un proceso meritocrático en donde luego los presidentes de las altas cortes toman esa decisión. Mal haría en pensar que el Gobierno tiene injerencia sobre el futuro de la registraduría, sobre sus funcionarios”.
Al mismo tiempo aprovechó Palacios para aclarar que el Gobierno no tiene competencias ni de investigación, ni de vigilancia e inspección, ni sancionatorias frente a funcionarios de la organización electoral. “Son los órganos competentes como la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría general quienes pueden adelantar investigaciones de tipo penal, disciplinario o fiscal”.
Entre tanto, Palacios enfatizó en que el actuar del Gobierno, en el proceso electoral, es el de garantizar la seguridad y el orden público. “Frente a eso, tenemos hoy un ‘Plan Democracia’, con más de 300,000 uniformados desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de más de 112,000 mesas que están por todo Colombia en este momento, ya listas para ejercer”.
Además, les compete garantizar que el material electoral pueda llegar a todos los rincones del país para que se pueda empezar el proceso electoral y así disponer de los recursos para que la organización pueda avanzar en realizar el proceso electoral. “El Gobierno no ejerce de jurado y no ejerce sobre la Registraduría injerencia diferente a la de coordinar la Comisión Nacional de Garantías Electorales”.
