El informe será entregado ante la JEP, donde se ponen al descubierto una serie de denuncias frente a unas 390 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el periodo que fungió como Comando Conjunto Caribe.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad presentarán este jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “El Ejército del Norte”, que denuncia 391 ejecuciones y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados adscritos al Comando Conjunto Caribe de las Fuerzas Militares, bajo la comandancia del general (r) Mario Montoya.
El informe señala que dentro del periodo desde el 24 diciembre de 2004 al 21 de febrero de 2006, donde se dieron asesinatos y desapariciones forzadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cesar, Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar y Sucre.
391 víctimas mencionadas
Sobre este tema, se conoció que serán entregadas con su identificación y la ocurrencia de los hechos, donde señalan de manera clara que fueron ultimadas en 251 casos registrados.
Más militares salpicados en el informe
Otros militares además del general (r) Montoya, son salpicados dentro del informe, donde se mencionan a los excomandantes del Ejército general (r) Nicasio Martínez, general (r) Óscar Enrique González Peña y otros 18 oficiales más, quienes para la época que abarca el estudio estaban al mando de las divisiones y brigadas con resultados cuestionados.
De acuerdo con el documento se endilgan diversas responsabilidades, entre ellas el conocimiento de las ejecuciones irregulares, o el traslado de la práctica criminal entre unidades militares, la instigación a la comisión de esos hechos por medio de la presión por resultados y los estímulos económicos a quienes los presentaran.
Además, se mencionan “las relaciones con grupos paramilitares, la falta de control de los subordinados y la alteración de documentos oficiales para dar soporte a las operaciones militares en las que se produjeron ejecuciones”, señala el informe.
En relación con las desapariciones forzadas, el estudio afirma que, desde el periodo del informe hasta la fecha, 61 personas que fueron reportadas como bajas en combate aún permanecen desaparecidas. Sobre ese punto en particular, solicitaron a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) adelantar los trabajos forenses pertinentes para que se recuperen los restos.
La certeza de que el futuro de Montoya estaba ahora en la JEP cambió en la Fiscalía de Francisco Barbosa, pues el ente investigador solicitó, en agosto de 2021, una audiencia de imputación. Esta vez, habría indicios de su rol en al menos 104 ejecuciones, que ocurrieron bajo su comandancia. El Tribunal Superior de Bogotá fue el despacho elegido para iniciar el trámite; sin embargo, esta semana, y en dos instancias, explicó que el caso es competencia de la JEP. Ya este año, la justicia especial ha avanzado en la imputación de altos mandos del Batallón La Popa, en Cesar, y brigadas con sede en Catatumbo. En los próximos meses se conocerían nuevas decisiones.
Buena parte de los falsos positivos que la Fiscalía iba a vincular con el general (r) Mario Montoya reposan en una base de datos en poder de este diario. Entre las cifras hay casos que representa DH Colombia. Según la organización, el oficial sería responsable por la muerte de al menos 102 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en un total de 83 casos en todo el país, que salpican a las divisiones Primera, Segunda, Quinta y Séptima, con jurisdicción, respectivamente, en la costa Caribe, los Santanderes, Arauca, Antioquia, Chocó y la región Andina.
Fuente: EE
