La exfuncionaria de Gustavo Petro fue imputada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El proceso ahora avanzará hacia la etapa de juicio.
Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, exjefa de gabinete y excanciller durante el gobierno de Gustavo Petro, no aceptó los tres delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en los hechos relacionados con el interrogatorio y las pruebas de polígrafo practicadas a su exniñera, Marelbys Meza.
La imputación se realizó este lunes ante el Juzgado Primero Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, donde el ente acusador presentó su teoría sobre las actuaciones que, según sostiene, habría realizado Sarabia en enero de 2023, luego de la desaparición de una importante suma de dinero de su apartamento en Bogotá.
Los cargos formulados son abuso de función pública agravado, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, relacionados principalmente con la decisión de someter a Meza a pruebas de polígrafo utilizando equipos pertenecientes al Estado.
Fiscalía cuestiona el uso de equipos estatales
Uno de los principales argumentos expuestos durante la audiencia está relacionado con el presunto uso irregular de equipos oficiales para realizar el polígrafo.
Según la Fiscalía, Sarabia se habría extralimitado en sus funciones al ordenar que la entonces trabajadora fuera sometida a la prueba, pese a que no contaría con las facultades legales para disponer de ese procedimiento ni para utilizar equipos de propiedad estatal con ese propósito.
El ente acusador sostiene además que la exfuncionaria tenía conocimiento de que sus actuaciones estaban por fuera de sus competencias debido a su experiencia dentro de la administración pública y al conocimiento que tenía sobre el funcionamiento del Estado.
La relación de poder con Marelbys Meza
En cuanto al delito de constreñimiento ilegal agravado, la Fiscalía argumentó que habría existido una relación de poder entre Sarabia y Meza debido al vínculo laboral que mantenían.
Para el organismo investigador, la dependencia económica de la exniñera frente a su empleadora habría generado una situación de vulnerabilidad que terminó influyendo en su decisión de acudir al polígrafo.
La Fiscalía planteó que Meza temía perder su trabajo si se negaba a cumplir con la exigencia y que, en ese contexto, habría terminado aceptando someterse a la prueba como una manera de demostrar que no tenía responsabilidad en la desaparición del dinero.
El polémico episodio del polígrafo
El caso se remonta a enero de 2023, cuando se reportó la desaparición de dinero en efectivo que se encontraba en el apartamento de Sarabia en Bogotá.
Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de la entonces funcionaria, posteriormente denunció públicamente el procedimiento al que fue sometida después de que surgieran sospechas sobre su posible participación en el robo.
De acuerdo con su relato, fue trasladada hasta el edificio Galán, ubicado frente a la Casa de Nariño y adscrito a la Presidencia, donde habría sido sometida a pruebas de polígrafo.
La mujer aseguró que inicialmente no quería acudir, pero que habría recibido instrucciones para presentarse. También relató que durante el procedimiento fue cuestionada sobre la supuesta existencia de cómplices y que recibió señalamientos y advertencias relacionados con el robo.
Según su versión, llegó a ser sometida al polígrafo en tres oportunidades.
Un dinero que desató una crisis política
La desaparición del efectivo terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controversiales del Gobierno Petro.
Inicialmente, la denuncia presentada ante la Fiscalía hablaba de más de $30 millones, aunque posteriormente surgieron versiones según las cuales la suma perdida podría haber sido considerablemente mayor, incluso superior a los $150 millones.
El caso adquirió una nueva dimensión cuando se conoció que, después de la pérdida del dinero, Meza había sido llevada a instalaciones oficiales para realizarle el polígrafo.
La controversia derivó en investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos por el presunto uso de organismos y recursos del Estado en un asunto relacionado con una situación personal.
Sarabia irá a juicio
Tras conocer formalmente los cargos, Laura Sarabia decidió no aceptarlos, por lo que la investigación continuará por la vía judicial y el caso avanzará hacia un eventual juicio.
La decisión implica que será la justicia la encargada de determinar si las actuaciones atribuidas por la Fiscalía a la exfuncionaria constituyen los delitos imputados o si, por el contrario, no existe responsabilidad penal.
El proceso mantiene así abierto uno de los capítulos judiciales más polémicos relacionados con la antigua cúpula del gobierno de Gustavo Petro y con el episodio que puso en el centro de la controversia a Marelbys Meza y al uso de equipos oficiales para la realización del polígrafo.
