Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, volvieron a quedar en el centro de la escena tras la escalada de violencia registrada en Santa Marta luego de la muerte de uno de sus principales cabecillas.
El asesinato de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo jefe de la organización, durante una operación de la Fuerza Pública, desencadenó una serie de acciones violentas que incluyeron la quema de vehículos, amenazas a comerciantes y restricciones a la movilidad en distintos sectores de Santa Marta.
El episodio puso nuevamente la lupa sobre una estructura criminal cuya historia se remonta a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que, con el paso de los años, habría evolucionado de actividades de protección armada en zonas de cultivo de marihuana hacia el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.
Un origen ligado a la Sierra Nevada
Las ACSN surgieron después de la desmovilización de las AUC, organización que tuvo una fuerte presencia en el Caribe colombiano durante las décadas de 1990 y 2000.
Uno de los principales referentes de esa estructura en la Sierra Nevada de Santa Marta fue Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, quien durante años ejerció control sobre amplias zonas rurales del Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con investigaciones citadas por Insight Crime, la organización comenzó vinculada a la protección de comerciantes y cultivadores de marihuana en la Sierra Nevada. Con el crecimiento de otras estructuras armadas y la expansión de las economías ilegales, sus actividades se extendieron hacia el narcotráfico y la extorsión.
La organización habría aprovechado su conocimiento del territorio para consolidar corredores utilizados para el transporte de drogas y establecer redes de control sobre comunidades y actividades económicas en sectores de Santa Marta y la Sierra Nevada.
Con el tiempo, además, las ACSN entraron en disputa con otras organizaciones criminales por el dominio de las rutas y territorios estratégicos para el tráfico de estupefacientes.
De ‘El Patrón’ a una nueva generación de jefes
La figura de Hernán Giraldo marcó una etapa fundamental en la historia de las estructuras armadas de la Sierra Nevada.

Giraldo fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y posteriormente condenado por delitos relacionados con narcotráfico. Tras cumplir su condena, regresó a Colombia en enero de 2021 y permanece recluido en una prisión del país.
Su nombre volvió a aparecer recientemente en los tribunales por una condena de 21 años de prisión relacionada con delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
La salida de escena de los antiguos jefes no significó, sin embargo, la desaparición de las estructuras criminales que habían construido durante años una red de control territorial.
Por el contrario, nuevas generaciones de mandos asumieron el manejo de las economías ilegales y de las disputas por el territorio.
Los golpes que precedieron al paro armado
La actual escalada de violencia estuvo antecedida por varias operaciones de la Fuerza Pública contra integrantes de la organización.
El 4 de septiembre, en Riohacha, La Guajira, murió durante un operativo Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como uno de los integrantes de la estructura y relacionado con actividades de extorsión y narcotráfico.
Días después, el 21 de septiembre, las autoridades reportaron la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las ACSN.
Según los reportes oficiales, ‘Cholo’ tendría una trayectoria criminal de más de 15 años y estaría relacionado con la coordinación de rutas para el tráfico de drogas hacia Centroamérica.
Su muerte tuvo una respuesta inmediata por parte de la organización criminal.
Santa Marta, en medio de la presión armada
Tras la muerte de ‘Cholo’, las ACSN anunciaron y ejecutaron acciones que afectaron la actividad comercial y el transporte en Santa Marta.
En distintos puntos fueron reportadas quemas de buses y camiones, mientras hombres armados habrían intimidado a comerciantes para obligarlos a cerrar sus establecimientos.
La situación generó temor entre los habitantes y llevó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad en la capital del Magdalena y municipios cercanos.
La violencia también volvió a poner sobre la mesa la capacidad de esta estructura para ejercer presión sobre la población civil pese a los golpes recibidos por parte de las autoridades.
La respuesta del Gobierno
Ante la escalada, el Gobierno nacional anunció un refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y su área de influencia.
De acuerdo con las medidas anunciadas, fueron desplegados más de 500 soldados y alrededor de 600 policías en Santa Marta y Ciénaga.
El Gobierno también ordenó el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según las autoridades, tendrían vínculos con las ACSN. La medida busca evitar que integrantes de la organización continúen coordinando actividades criminales desde los centros penitenciarios.
La administración de Abelardo De La Espriella ha planteado además una ofensiva directa contra la estructura y ha señalado a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, como uno de los principales objetivos de las operaciones.
El mandatario también ha utilizado un discurso de fuerte confrontación contra las organizaciones armadas, al advertir que quienes no se sometan a la justicia enfrentarán la ofensiva de la Fuerza Pública.
Una disputa que trasciende Santa Marta
La historia de las ACSN muestra cómo las estructuras criminales surgidas después de la desmovilización paramilitar han cambiado sus métodos y fuentes de financiación.
La marihuana que durante décadas marcó parte de la economía ilegal de la Sierra Nevada fue dando paso a una actividad criminal mucho más diversificada, en la que el narcotráfico, la extorsión, el control territorial y las rutas internacionales adquirieron mayor importancia.
Por eso, la crisis actual no se limita a los enfrentamientos en Santa Marta. La disputa involucra corredores estratégicos de la Sierra Nevada, zonas rurales del Magdalena y La Guajira y rutas utilizadas para sacar droga hacia otros mercados.
Los recientes golpes contra ‘Bendito Menor’ y ‘Cholo’ muestran la presión de las autoridades sobre la organización, pero la reacción violenta posterior también evidencia que la estructura conserva capacidad para afectar la seguridad y la vida cotidiana de comunidades enteras.
El desafío para las autoridades ahora consiste en determinar si la ofensiva logra desarticular las redes de mando y financiación de las ACSN o si, como ha ocurrido anteriormente con otras organizaciones criminales, la caída de sus principales cabecillas termina dando paso a una nueva disputa interna por el control del territorio y las rentas ilegales.










