El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría presuntas irregularidades en contratos por $42 mil millones relacionados con la Dirección Nacional de Bomberos, ejecutados durante la administración de Gustavo Petro.
Según explicó el funcionario, parte de los recursos que tenían como propósito atender una emergencia ocasionada por inundaciones habrían sido utilizados mediante procesos de contratación que ahora son objeto de revisión por parte de los organismos de control.
Lara señaló que el Gobierno Nacional había declarado en febrero una emergencia para atender a ocho departamentos afectados por un frente frío, que dejó más de 250.000 personas damnificadas.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia presentada por el ministro, solo $313 millones de los $42.000 millones contratados se habrían destinado efectivamente a atender la emergencia.
Uno de los contratos que llamó particularmente la atención fue suscrito con la empresa barranquillera MAC Soluciones, inicialmente por $16.000 millones y posteriormente ampliado hasta alcanzar los $24.000 millones.
“Ese contrato empezó a dedo con $16 mil millones y terminó en $24 mil millones”, afirmó Lara, quien cuestionó además el tiempo transcurrido entre la declaratoria de emergencia y la ejecución del contrato.
El Ministerio del Interior radicó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras detectar, mediante auditoría forense, presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior.
Las irregularidades se ampararon en una urgencia manifiesta por emergencias invernales para suscribir contratos millonarios, como el pactado con MAC Soluciones por 24.000 millones de pesos, firmado en plena Ley de Garantías, con cobros superiores a los bienes recibidos, pagos poselectorales y elementos que permanecen en bodegas del contratista sin ser entregados.
A la par de las revisiones sobre más de 62.000 millones de pesos en contratos similares, el Presidente de la República declaró la insubsistencia del Capitán Miranda, quien estuvo tres semanas al frente de la entidad, luego de conocerse audios sobre presuntas prácticas indebidas anteriores a esta administración para frenar investigaciones judiciales, hecho que motivó la pérdida de confianza institucional.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 7, 2026
Según su versión, el contrato fue firmado seis semanas después de declarada la emergencia y establecía un plazo de 90 días para la entrega de los equipos.
Denuncian diferencias entre los equipos contratados y los recibidos
Otro de los puntos señalados por el ministro tiene que ver con una primera factura en la que se contemplaba la adquisición de 744 equipos, entre ellos trajes para atención de incendios, equipos de respiración y elementos para el manejo de materiales peligrosos.
No obstante, Lara aseguró que al almacén solamente ingresaron 670 equipos, lo que representa una diferencia de 74 unidades.
Posteriormente, el 20 de junio, la Dirección Nacional de Bomberos habría firmado un acta en la que certificaba la recepción a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración.
Pero, según la denuncia del ministro, ese mismo día se habría suscrito otra acta mediante la cual los elementos quedaron almacenados en las bodegas del propio vendedor.
Dos días después, de acuerdo con Lara, el contratista presentó una factura por $5.600 millones, suma que habría sido pagada durante el periodo electoral.
El actual Gobierno solicitó posteriormente al contratista la entrega de los equipos que, según las actas, ya habían sido recibidos. Sin embargo, Lara aseguró que hasta la fecha no se habría producido la entrega de los elementos señalados.
Cuestionan contratación durante la ley de garantías
Lara también puso bajo la lupa una adición de $8.000 millones realizada al mismo contrato durante la administración anterior.
El ministro cuestionó que varias de las operaciones se hubieran realizado durante el periodo de aplicación de la ley de garantías electorales y pidió establecer si los recursos públicos terminaron relacionados de alguna manera con actividades de campañas políticas.
“El primer pago fue en abril y las facturas más grandes se emitieron el 22 de junio, el día siguiente a la segunda vuelta presidencial”, sostuvo.
A partir de estas circunstancias, el funcionario pidió a los organismos de control determinar si existieron irregularidades administrativas, contractuales o fiscales, y planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) establezca si alguno de los recursos pudo haber terminado en campañas electorales.
Auditorías forenses revisarán otros contratos
La denuncia no se limitaría a un solo proceso contractual. Lara aseguró que el Gobierno continuará adelantando auditorías forenses sobre operaciones similares.
Según el ministro, en total se habrían identificado $62.000 millones contratados bajo modelos similares, por lo que las autoridades deberán establecer si se presentaron patrones de contratación irregular y cuál fue el destino final de los recursos.
Por ahora, se trata de señalamientos y denuncias que deberán ser investigados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y, en lo que corresponda, por el CNE. Las eventuales responsabilidades individuales solo podrán establecerse una vez concluyan las investigaciones y se adopten las decisiones correspondientes.
