La Procuraduría General de la Nación requirió nuevamente al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, información acerca del procedimiento técnico para la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025.
También, el Ministerio Público exhortó nuevamente a los funcionarios del Ministerio a que la decisión sea producto de un proceso técnico y participativo, en el que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, tener en cuenta las cifras de inflación y frecuencia, así como los datos suficientes y representativos de las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud (EPS).
Asimismo, se solicitaron los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas relacionados con la definición de la UPC en el año 2025, con el objetivo de efectuar seguimiento al cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia del sector establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.
Con este propósito, el organismo de control busca conocer las actas de las reuniones llevadas a cabo por el equipo, las reuniones de carácter técnico, si se implementaron mecanismo de retroalimentación para obtener información con calidad y también, las bases de datos que contengan el análisis de la información entregada por las EPS tanto del régimen contributivo y el subsidiado.
La intervención de la entidad se origina en el llamado de asociaciones de usuarios y pacientes, de representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas y de expertos que se han pronunciado oficialmente y emitido estudios técnicos que concluyen la insuficiencia acumulada de la UPC.
Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social pidió al directivo si se ha previsto modificaciones en la metodología aplicada para dicha vigencia y si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud.
