La Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN está tras la pista de bienes no declarados, la cual llega a una cifra cercana a los $4,6 billones, por lo cual la entidad procederá a enviar las respectivas cartas a estas personas.
De esta manera, la DIAN comienza desde hoy el envío de un lote inicial de 6.000 cartas, a aquellos colombianos que poseen activos en el exterior y no han sido declarados ante la entidad. La fuente de las requisiciones son los convenios de intercambio de información suscritos por Colombia con diferentes países, gracias a los cuales han sido identificados patrimonios significativos.
Según la DIAN la cifra global de bienes sin ser declarados superarían los 4,6 billones de pesos de un total más elevado, pues muchos particulares y empresas han hecho los registros correspondientes. Como bien lo señala Lisandro Junco, director de la entidad, “poseer bienes en otras latitudes no constituye una falta mientras su existencia se le haya reportado al fisco”.
Sin embargo, en un cruce con 48 jurisdicciones, que incluye a Panamá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Aruba, Curazao y Argentina, dentro del hemisferio americano, permitió identificar la suma mencionada. En otros continentes están China, Singapur, Corea del Sur o la isla británica de Jersey.
Si bien la mayoría de los recipientes de las cartas viven en Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico, las personas que han omitido declarar sus activos están en 28 departamentos. De ahí que la invitación inicial es a que los contribuyentes corrijan sus declaraciones.
“Lo ideal es que quien esté en esa condición se regularice de manera voluntaria, reportando el total de sus bienes y liquidando, cuando proceda, los ingresos por comparación patrimonial y asuma las sanciones que correspondan”, señala Junco. “Así se evita el inicio de procesos de discusión, determinación y acciones legales que traen mayores castigos”, agrega.
Cabe anotar que lo anterior no desconoce que, por cuenta de leyes expedidas en 2018 y 2019, un número importante de colombianos se ha puesto al día. Según las cifras oficiales, las declaraciones a partir de esos años han incluido unos 10,8 billones de pesos en activos omitidos, con intención de repatriar algo menos de la mitad.
Asimismo se reconocieron 2,6 billones de activos existentes dentro de Colombia y se dejaron de declarar pasivos sin soporte, por valor cercano al billón de pesos. El resultado de ese proceso se tradujo en recaudos por 1,8 billones de pesos.
Es de imaginar que en el futuro el intercambio de información rendirá más frutos. A fin de cuentas, el país es signatario de la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, por cuenta de la cual recibe datos de 110 jurisdicciones. De acuerdo con la Dian, en 2020 esto le permitió recabar reportes de 245.561 cuentas en el extranjero.
Si se trata de seguirles la pista a entramados más complejos, las autoridades colombianas pueden solicitar información sobre un contribuyente específico en 129 jurisdicciones diferentes. A lo largo de los tres años anteriores, eso ha sucedido en 146 ocasiones, para lo cual existe un grupo especializado dentro de la Dian.
El esfuerzo de identificar activos omitidos es muy importante, pero no es el único que hace la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, durante mayo se hizo un piloto de declaración sugerida con 1.072 grandes contribuyentes de IVA, que se extenderá a los 200.000 responsables de ese gravamen.
Semejante programa no habría sido posible sin la facturación electrónica, que comprende a unas 611.000 personas naturales y jurídicas que generan, en promedio, cuatro millones de facturas diariamente. El análisis de datos es clave para impulsar la formalización y combatir la evasión, algo fundamental a la hora de aumentar los recaudos públicos.
Aparte de lo anterior está lo que Junco denomina como “una gran apuesta”. Esta consiste en introducir la facturación en renta, una propuesta que llegará al Congreso para su aprobación.
El propósito es que mediante la analítica de datos, y por cuenta de la información exógena reportada por terceros, la Dian pueda identificar a personas naturales que, estando obligadas a declarar, no lo hicieron. Como antecedente está lo hecho para el año gravable 2019, cuando más de tres millones de individuos recibieron una declaración sugerida y realizaron pagos por 1,2 billones de pesos.
“Los cambios hacia afuera también reflejan los cambios internos. Aparte de una modernización informática y una ampliación de la planta de personal, el compromiso de cero tolerancia con la corrupción es total”, dice Junco.
En ese sentido, vale la pena recordar que la Corte Constitucional respaldó en una sentencia el uso del polígrafo cuando se requieran hacer cambios o ascensos dentro de la entidad.
D.A.
