La Casa Blanca defendió este jueves la legalidad del ataque en aguas internacionales contra una lancha venezolana, en el que murieron once personas, al asegurar que la embarcación era operada por miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
En declaraciones a EFE, la portavoz del Ejecutivo estadounidense Anna Kelly afirmó que la operación se realizó “en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos y por la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo por el narcotráfico y la violencia de carteles”. Añadió que el ataque, dirigido por el presidente, fue “consistente con las leyes de un conflicto armado” y que se llevó a cabo de forma precisa para minimizar riesgos al personal militar.
La Administración recurre a un lenguaje que recuerda a la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que permitió combatir a grupos terroristas islámicos, ahora aplicado a organizaciones criminales como el Tren de Aragua o el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, la acción ha generado críticas dentro de Estados Unidos. El senador republicano Rand Paul advirtió que “no es la política del país matar a sospechosos de narcotráfico sin un juicio previo”, y alertó sobre el riesgo de ejecutar ataques contra embarcaciones que podrían transportar migrantes o pescadores.
Expertos en seguridad como Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), sostienen que el presidente “dio una orden ilegal” y que este tipo de operaciones deberían estar respaldadas por los poderes de guerra del Congreso.
El ataque se produjo en medio de un incremento de la tensión entre Washington y Caracas, tras el despliegue naval estadounidense cerca de Venezuela y las acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro lidera un “narcoestado”.
