El sistema de salud colombiano vuelve a estar en el centro de la controversia. Julián Niño, contralor delegado para el sector Salud, lanzó una alerta por los resultados de las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República y por la situación financiera de varias EPS intervenidas durante el actual Gobierno.
De acuerdo con el balance citado por el funcionario, durante el periodo analizado se han identificado 772 hallazgos con incidencia fiscal relacionados con el sector salud, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos.
Los hallazgos con incidencia fiscal hacen referencia a situaciones que podrían haber ocasionado un detrimento de recursos públicos. Sin embargo, la existencia de un hallazgo no significa automáticamente que haya corrupción ni que una persona o entidad haya sido declarada responsable. Cada caso debe avanzar en las investigaciones correspondientes para determinar si existe responsabilidad fiscal.
La advertencia de Niño también se produce en medio de los cuestionamientos de la Contraloría frente a las intervenciones realizadas por el Gobierno a diferentes EPS. El organismo de control ha señalado que, pese a estas medidas, varias entidades continúan enfrentando dificultades financieras y problemas relacionados con la prestación de los servicios de salud.
Uno de los casos que ha concentrado la atención es el de Nueva EPS, entidad sobre la cual la Contraloría ha realizado diferentes actuaciones de vigilancia. El organismo ha cuestionado, entre otros aspectos, la entrega de información financiera y la evolución de los pasivos de la entidad.
La situación también se extiende a otras EPS intervenidas. Según declaraciones de Niño reportadas en mayo de 2026, las intervenciones no estarían mostrando los resultados esperados y, en algunos indicadores financieros, se habría producido un deterioro en lugar de una recuperación.
El panorama genera preocupación porque las dificultades financieras de las EPS pueden terminar teniendo consecuencias directas sobre los usuarios. Problemas de liquidez, aumento de las deudas con prestadores y dificultades en la contratación de servicios pueden traducirse en demoras y obstáculos para acceder a procedimientos, medicamentos y atención médica.
La Contraloría ha insistido en que su labor busca determinar qué ocurrió con los recursos públicos y establecer si existieron daños al patrimonio del Estado. Por ello, los hallazgos identificados deberán continuar su respectivo proceso de investigación antes de establecer responsabilidades definitivas.
La advertencia de Julián Niño vuelve así a poner el sistema de salud en el centro del debate nacional. Mientras el Gobierno defiende sus medidas de intervención y transformación del sistema, los organismos de control mantienen la vigilancia sobre el manejo de los recursos y las condiciones financieras de las EPS.
La cifra de 772 hallazgos con incidencia fiscal se convierte en uno de los principales elementos de la alerta y abre nuevos interrogantes sobre el estado de las finanzas del sistema de salud y el resultado de las medidas adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
