El ente acusador explicó cómo se adelantaron los operativos para lograr la captura de los responsables de las presuntas irregularidades en el millonario contrato del MinTIC.
Las capturas de estas tres persona se dan por la presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las TIC y la Unión temporal, para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía explicó que se adelantaron varias diligencias de allanamiento para lograr la detención de las personas que ahora se encuentran frente al juez: el excontratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el vicepresidente de Rave, Juan José Laverde.
La fiscal especializada Andrea Muñoz, aseguró ante el juez de control de garantías que fueron incautados computadores, celulares, documentos y otra serie de pruebas que demostrarían que los tres primeros capturados por este caso, falsificaron la garantía bancaria del anticipo de más de 70 mil millones de pesos entregado a Centros Poblados.
“Dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez (quien no se encuentra en la audiencia), falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú“, dijo la fiscal delegada.
De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recolectadas permitieron demostrar que los capturados con este documento falsificado, indujeron en error a los funcionarios Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC y Adriana Vanesa Mesa Consuegra como secretaria general, en el marco de ese proceso de licitación pública.
Sin embargo dos defensores se ubicaron en una orilla diferente al explicar que se pudo afectar un derecho fundamental de los ahora capturados al incurrir en varias equivocaciones en los procesos de allanamiento y de captura.
“Dentro de la orden de allanamiento emitida por la señora fiscal, se omite que ese allanamiento era con fines de captura, sin embargo, cuando uno mira lo que no nos ha dicho nuestra honorable Corte, hay una interpretación que nos da a entender que cuando la Fiscalía quiera capturar a una persona y quiera hacer un allanamiento, lo que corresponde es solicitar de manera preliminar el allanamiento y posteriormente la orden de captura”, dijo el abogado Julián Quintana, ahora defensor del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque.
Tras considerar que no se cumplen los requisitos legales para esa captura, el abogado Quintana le pidió al juez de control de garantías declarar ilegal la orden de detención que hizo efectiva la Fiscalía en la madrugada del pasado lunes.
“La Fiscalía era consciente de que iba a hacer ese allanamiento para la captura, por eso pido que decrete la ilegalidad de la captura”, dijo el abogado.
Para el representante del Ministerio Público, la Fiscalía cumplió con todo lo que se requiere para adelantar un proceso o una diligencia de allanamiento con fines de captura y que incluye el respeto por los derechos fundamentales de las personas que serán objeto de detención, así que acompañó la solicitud del ente acusador de declarar legales las órdenes y allanamientos.
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