La Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de Jonathan Alexander Tulcán Quispe, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien enfrenta acusaciones de recibir dinero a cambio de introducir celulares, estupefacientes y licor a un señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en la cárcel La Picota de Bogotá.
Las pruebas recopiladas indican que una tercera persona entregaba los elementos al funcionario, quien presuntamente facilitaba su ingreso al centro penitenciario y los llevaba a Luis Carlos Cifuentes Puerta, alias Diomedes, condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo y extorsión.
Además, Tulcán Quispe está siendo señalado de facilitar el traslado del interno a diferentes celdas y de intervenir para que asumiera el control de la venta de sustancias psicoactivas y licor en los patios donde se encontraba.
Durante la investigación se estableció que, como compensación por estas acciones ilegales, el miembro del INPEC recibía pagos en efectivo y transferencias a través de plataformas virtuales. Por estos hechos, fue capturado en una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer. Aunque el procesado no aceptó el cargo, el juez de control de garantías determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Este caso pone de manifiesto la gravedad de la corrupción dentro de las instituciones carcelarias y la lucha continua contra este tipo de conductas ilícitas.
