En un giro inesperado, el Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, revocó las resoluciones del suspendido Álvaro Leyva Durán y decidió adjudicar el contrato para los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons. Esta empresa ya había ganado el primer proceso de licitación, el cual fue declarado desierto por Leyva Durán.
Salazar revocó la decisión de Leyva Durán de declarar desierta la primera licitación y entregó a Thomas Greg & Sons un contrato por un año, valorado en 120 mil millones de pesos, para seguir expidiendo los pasaportes por urgencia manifiesta. Además, se adjudicó un nuevo contrato a la misma firma por un monto de 599 mil millones de pesos.
Sin embargo, surgieron problemas para subir el nuevo contrato al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Salazar indicó que desde el gobierno están obstaculizando la publicación en el SECOP, lo que podría afectar la validez legal y jurídica de las resoluciones.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra en Suiza en la Convención de los Derechos Humanos, fue sorprendido por la decisión y expresó que se comunicó con Salazar, quien le indicó que el gobierno está intentando expedir su declaratoria de insubsistencia con fecha del viernes para evitar que lo resuelto tenga visos de legalidad.
El Presidente Gustavo Petro había manifestado su rechazo a que Thomas Greg & Sons se quede con la licitación, argumentando que el primer proceso estaba amañado a favor de la firma. En febrero de este año, Petro había afirmado que “tratar de mantener la licitación de pasaportes no es más que proteger una intención corrupta. Amañar pliegos de las licitaciones para que se predetermine el ganador es corrupción”.
