El actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, no se guardó nada tras conocer la orden de captura que emitió en su contra la justicia guatemalteca. Para él, se trata de una nueva maniobra de represalia judicial, promovida por sectores que buscan silenciar el pasado trabajo anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual lideró hasta 2019.
La orden, expedida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, también involucra a la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y a otras figuras clave del aparato judicial guatemalteco, entre ellas la exfiscal general Telma Aldana.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche –designados como corruptos y sancionados por EE.UU. y la Unión Europea– extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, expresó Velásquez, refiriéndose a Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, responsables de la solicitud judicial.
¿Una revancha contra la lucha anticorrupción?
La Fiscalía guatemalteca señala a los acusados de delitos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión en relación con el escándalo Odebrecht. Pero para muchos observadores internacionales, la movida no es más que una vendetta política contra quienes lideraron procesos que tocaron intereses de poder en Guatemala.
Desde su salida de la CICIG, Velásquez ha sido una figura incómoda para las élites judiciales y políticas del país centroamericano. En sus declaraciones, el diplomático reiteró su apoyo a los exfuncionarios y activistas guatemaltecos que, según él, han sido forzados al exilio por la misma fiscalía que hoy lo señala.
“Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, afirmó.
Un nuevo pulso internacional
El caso vuelve a poner en el radar global las tensiones entre Guatemala y los defensores internacionales de la justicia transicional. Con Estados Unidos y la Unión Europea ya señalando a actores claves del Ministerio Público guatemalteco como “corruptos y antidemocráticos”, el conflicto podría escalar más allá del ámbito jurídico.
Velásquez, que también fue ministro de Defensa de Colombia, enfrenta esta nueva arremetida desde su rol diplomático, respaldado por sectores del gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca lo que muchos ya catalogan como una cruzada contra quienes se atrevieron a investigar la corrupción en las más altas esferas del poder guatemalteco.
