En un hecho que ha encendido las alarmas diplomáticas, el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, denunció que más de 700 colombianos privados de la libertad en Ecuador están siendo deportados sin notificación previa ni coordinación institucional. Según indicó, el procedimiento se llevó a cabo a través del puente internacional de Rumichaca y sin la participación de Migración Colombia, incumpliendo los protocolos binacionales establecidos para este tipo de operaciones.
La Cancillería colombiana confirmó el carácter unilateral de la medida y expresó su “enérgica protesta” por lo que considera un gesto inamistoso. En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que Ecuador haya ignorado las solicitudes reiteradas de establecer un mecanismo conjunto que garantice el respeto por los derechos humanos de los deportados y una recepción ordenada, pausada y legalmente sustentada.
Mientras tanto, en la frontera sur del país, las autoridades locales se enfrentan a una situación de incertidumbre jurídica. Sin un plan de identificación claro ni un sistema que permita verificar antecedentes, los deportados corren el riesgo de quedar en libertad sin el debido control o de ser aprehendidos por delitos previos no detectados. La Cancillería anunció que evalúa medidas diplomáticas para evitar que se repita una situación que pone en entredicho principios básicos del derecho internacional.
