La promesa de llevar internet a las familias de menores ingresos y a las comunidades rurales terminó enfrentándose a una realidad muy distinta de la anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro. A menos de un mes de vencerse los plazos de varios programas de conectividad, decenas de miles de hogares seguían esperando el servicio y cientos de escuelas rurales no habían sido conectadas a través de los proyectos previstos.
De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a Caracol Radio, más de 77.000 hogares de estratos 1 y 2 no habían recibido la conexión que debían obtener mediante los programas examinados, con corte a junio de 2026.
El balance incluye iniciativas como ConectiVIDAd, las Juntas de Internet o Comunidades de Conectividad, el compromiso de conectar escuelas rurales derivado de la subasta 5G y las llamadas Líneas de Fomento, que ofrecieron internet gratuito temporal a familias de bajos recursos.
Los resultados muestran avances parciales, pero también una brecha considerable entre las metas anunciadas y la cobertura reportada por el propio Ministerio.
ConectiVIDAd: más de 50.000 familias seguían esperando
El programa ConectiVIDAd contemplaba llevar internet a 135.168 hogares de bajos ingresos distribuidos en 11 departamentos. La ejecución estaba a cargo de InterNexa.
Sin embargo, a junio de 2026 se habían conectado 84.434 familias, equivalentes al 62 % de la meta. Esto significa que 50.734 hogares seguían pendientes de conexión, pese a que el plazo del programa se acercaba a su vencimiento.
Uno de los datos más llamativos aparece en Antioquia. Allí se había previsto beneficiar a 9.040 hogares, pero solamente 723 contaban con el servicio mediante esta iniciativa, de acuerdo con las cifras divulgadas.
El resultado representa aproximadamente el 8 % de la meta departamental y deja a 8.317 familias por fuera de la cobertura prevista.
La diferencia obliga a examinar qué ocurrió durante la ejecución: cuánto se había contratado, qué infraestructura se instaló, cuáles fueron las dificultades operativas y qué medidas se adoptaron para garantizar que los recursos públicos se tradujeran en conexiones efectivas.
Juntas de Internet: cuatro de cada diez redes estaban operando
Otro de los proyectos centrales buscaba que las propias comunidades organizaran y administraran redes para ofrecer acceso a internet en sus territorios.
El Gobierno había anunciado la implementación de 520 Juntas de Internet, con una cobertura prevista de 45.521 familias. No obstante, a junio de 2026 estaban operando 299 redes, que atendían a 18.418 hogares.
En términos de ejecución, el programa había alcanzado cerca del 57,5 % de las redes previstas, pero la cobertura familiar llegaba apenas al 40,5 % de la meta.
| Indicador | Meta | Resultado a junio de 2026 |
|---|---|---|
| Juntas de Internet | 520 | 299 |
| Redes pendientes | 221 | |
| Familias previstas | 45.521 | 18.418 |
| Familias pendientes | 27.103 |
El plazo informado para esta iniciativa terminaba el 31 de julio de 2026. Para entonces, el desafío era poner en funcionamiento las redes faltantes y ampliar la cobertura de las que ya operaban.
Los datos departamentales también muestran vacíos importantes. En Arauca se habían previsto 43 redes comunitarias y no se reportaba ninguna en funcionamiento. En Guaviare, la meta era de 14 y tampoco figuraban redes operativas.
En ambos casos, el balance reportado a junio mostraba una ejecución nula frente a las metas departamentales.
La conectividad rural también quedó en deuda
La brecha no se limitaba a las familias. El proyecto asociado a los compromisos de conectividad de la subasta 5G contemplaba llevar internet a 1.052 escuelas rurales del país.
A junio de 2026, solamente 413 tenían conexión mediante esta iniciativa, equivalentes al 39,3 % de la meta. Las otras 639 instituciones educativas todavía no habían sido conectadas a través del proyecto.
La situación resulta especialmente preocupante en La Guajira y Magdalena. Según los datos divulgados por Caracol Radio, en La Guajira estaban previstas 12 escuelas y en Magdalena otras 10, pero en ninguno de los dos departamentos se reportaban establecimientos conectados por este programa.
La falta de conexión limita las posibilidades de utilizar plataformas educativas, consultar materiales digitales y acceder a herramientas tecnológicas en zonas donde la distancia y las condiciones económicas dificultan el acceso a otros recursos.
El dato debe interpretarse con precisión: el reporte se refiere al cumplimiento de este proyecto específico y no demuestra, por sí solo, que ninguna escuela de esos departamentos tuviera internet por otras vías.
El internet gratuito se terminó para 20.731 hogares
Otro componente de la política de conectividad consistió en ofrecer acceso gratuito durante seis meses a 20.731 familias de bajos recursos, a través de las denominadas Líneas de Fomento.
Ese beneficio temporal ya había terminado, de acuerdo con la información reportada por el Ministerio TIC.
La entidad indicó que la continuidad del servicio quedaba sujeta a la decisión de cada beneficiario y a las gestiones comerciales con su operador. En otras palabras, las familias que quisieran conservar la conexión debían asumir el costo correspondiente.
El vencimiento del beneficio abre otra discusión sobre la sostenibilidad de estas iniciativas. Conseguir que un hogar se conecte durante unos meses no garantiza que pueda mantener el servicio cuando deba incorporarlo a sus gastos mensuales.
Para familias con ingresos limitados, el precio de un plan puede convertirse en una barrera para seguir conectadas, incluso después de haber recibido el beneficio inicial.
La brecha digital sigue golpeando al campo colombiano
Las cifras adquieren mayor relevancia al compararlas con el panorama nacional. Según datos del DANE citados por el Ministerio TIC, el 56,9 % de los hogares rurales tenía acceso a internet en 2025.
Esto significa que cerca del 43,1 % todavía no contaba con conexión, una proporción que refleja las dificultades para cerrar la brecha digital entre las ciudades y el campo.
La conectividad es una herramienta para estudiar, buscar empleo, acceder a trámites públicos y desarrollar actividades productivas. Por eso, los retrasos no se reducen a una diferencia estadística entre lo prometido y lo ejecutado: representan oportunidades que las familias y comunidades todavía no pueden aprovechar mediante estos programas.
Las preguntas que deja el balance del Gobierno Petro
Los resultados divulgados plantean interrogantes sobre la planeación, la ejecución contractual y el seguimiento de las metas.
¿Por qué miles de hogares seguían esperando internet cuando los programas se acercaban a sus fechas límite? ¿Qué obstáculos impidieron poner en funcionamiento las 221 Juntas de Internet pendientes? ¿Qué pasó con las escuelas rurales previstas en La Guajira y Magdalena? ¿Qué mecanismos se activaron para evitar que las familias beneficiarias perdieran el servicio gratuito al terminar los seis meses?
También es necesario establecer qué ocurrió después del corte de junio, si los operadores cumplieron las obligaciones pendientes y qué consecuencias contractuales, si las hubo, se derivaron de los retrasos.
El balance disponible no permite concluir por sí solo que hubo pérdida de recursos públicos o determinar responsabilidades individuales. Para hacerlo se necesitarían los contratos, sus modificaciones, los informes de supervisión y los resultados finales de ejecución.
Lo que sí muestran las cifras entregadas por el propio Ministerio TIC es que, al cierre de junio de 2026, varias metas centrales de conectividad permanecían incompletas.
La promesa era conectar a las familias más vulnerables, fortalecer las redes comunitarias y llevar internet a las escuelas rurales. El balance, a pocas semanas del vencimiento de los plazos, dejó miles de hogares pendientes y cientos de instituciones educativas sin la conexión prevista.
