La DIAN expresó este lunes que el hundimiento de la ley de financiamiento no afecta al Gobierno, afecta a todos los colombianos, pues “profundizará la falta de recursos para ejecutar programas sociales en educación, salud y servicios públicos”.
“Nuestro país deja de percibir al año más $100 billones de pesos a causa de la evasión. Para hacerle frente a esta problemática, el articulado proponía otorgar recompensas por denuncias sobre evasión de impuestos y contrabando. Además, buscaba limitar las compras en efectivo, máximo, al 20% en la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en las declaraciones de Renta y no permitir deducciones a quiénes no estén al día en el pago de Retención en la Fuente. Es inconcebible que nuestro Congreso le haya dicho no a estas medidas”, explicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
“También se gravarían los bienes suntuarios que las personas naturales llevaban a sus empresas, pese a no tener ninguna relación de causalidad con el objeto legal de estas. Con esto buscábamos hacerle frente a casos de empresarios que deducen de los costos de renta de sus organizaciones, los gastos de empleados, mantenimientos o insumos de sus fincas de recreo en Anapoima o de sus casas de descanso en el extranjero”, agregó.
Según la DIAN, otro de los puntos destacados de este proyecto normativo estaba asociado a gravar con impuestos las apuestas en línea.
“El país debe preguntarse qué intereses tienen los congresistas que rechazaron esta propuesta, máxime cuando los juegos de azar tradicionales sí pagan impuestos, igual que pasa con los licores, los cigarrillos y hasta los yogures”, expresó.
