En su primer día como procurador general de la Nación, Gregorio Eljach se mostró firme al defender su independencia y la imparcialidad con la que liderará el ente de control. Ante los cuestionamientos sobre su pasado político, que incluye una exitosa trayectoria como secretario general del Senado, Eljach aclaró que sus relaciones con los partidos políticos no influirán en su gestión como procurador.
“Yo no tengo jefes“, afirmó rotundamente Eljach, quien añadió que su paso por el Congreso, donde fue elegido casi por unanimidad durante siete periodos consecutivos, no comprometerá su autonomía. Recalcó que su objetivo es ejercer el cargo con total libertad y en cumplimiento de las garantías que establece la Constitución.
Eljach también abordó temas clave como la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los funcionarios electos popularmente. Según el procurador, una interpretación “radical” de la sentencia podría obstaculizar la lucha contra la corrupción en el país, limitando la capacidad de sancionar a los responsables. “La lucha contra la corrupción no puede verse detenida por interpretaciones mecánicas”, dijo.
En cuanto a la posible reducción de presupuesto para la Procuraduría, Eljach confirmó que se reunirá con el Ministro de Hacienda, Diego Guevara, para analizar el impacto de este recorte. “No es entendible que al órgano de control le quiten recursos cuando su función es precisamente vigilar al Ejecutivo”, señaló.
Respecto a sus recientes comentarios sobre la continuidad de Margarita Cabello en el “cuerpo ajeno” de la Procuraduría, Eljach aclaró que su declaración no pretendía generar polémica, sino destacar que las instituciones siguen funcionando sin importar los cambios de gestión.
“Resaltar que nosotros somos es servidores públicos, somos gente que recibe un salario de los impuestos que paga la gente, entonces mi referencia era a eso, a que la Procuraduría sigue, aquí no hay cambios dramáticos”, dijo Eljach.
Finalmente, el nuevo procurador manifestó su disposición para seguir de cerca el tema de la salud pública, en particular en caso de que la Corte Constitucional decrete un Estado de Cosas Inconstitucional en esta área, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
