Un nuevo golpe contra las finanzas del narcotráfico fue propinado por las autoridades luego de que la Fiscalía General de la Nación impusiera medidas cautelares sobre 44 bienes que presuntamente estarían vinculados al patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, una organización señalada de participar en una cadena de producción y tráfico internacional de cocaína.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, los activos están valorados en más de $22.118 millones y comprenden propiedades urbanas y rurales, vehículos, establecimientos comerciales y una sociedad.
Las medidas adoptadas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, con el objetivo de impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o utilizados para continuar ocultando recursos presuntamente provenientes de actividades criminales.
Los bienes fueron localizados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.
En total, la acción de extinción de dominio afecta 34 inmuebles, de los cuales 17 son rurales y 17 urbanos, además de seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.
Así habría operado la organización
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Según las pesquisas, la estructura criminal habría establecido una cadena que comenzaba con la adquisición de pasta base de coca en el departamento de Nariño.
El material ilícito posteriormente era ocultado en vehículos de carga para trasladarlo hacia laboratorios clandestinos ubicados en zonas rurales de Puerto Triunfo, Antioquia.
En estos lugares, de acuerdo con la hipótesis investigativa, la pasta base era procesada hasta convertirla en clorhidrato de cocaína.
Una vez producido el alcaloide, la organización habría implementado diferentes mecanismos para ocultar los cargamentos y facilitar su traslado hacia el Caribe colombiano.
Cocaína camuflada entre mercancías
La investigación señala que los cargamentos eran escondidos en vehículos que transportaban productos y materiales que podían servir como fachada para reducir las posibilidades de detección por parte de las autoridades.
Entre las modalidades identificadas se encontraban camiones utilizados para transportar ganado, arena, escombros y materiales de construcción.
Los vehículos contarían con documentación comercial destinada a aparentar que los desplazamientos correspondían a actividades legales.
El objetivo final habría sido trasladar la droga hasta diferentes puntos del Caribe colombiano, donde se coordinaría posteriormente su salida por vía marítima hacia destinos internacionales.
Estados Unidos y países de Centroamérica aparecen entre los destinos señalados dentro de la investigación.
También habrían utilizado testaferros
La investigación financiera permitió identificar otra presunta estrategia de la organización: adquirir propiedades y otros activos con recursos provenientes del narcotráfico y ponerlos a nombre de terceras personas.
Esta modalidad habría tenido como finalidad ocultar a los verdaderos propietarios y dificultar que las autoridades pudieran establecer la relación entre los bienes y las actividades ilícitas.
Precisamente, los elementos recopilados por los investigadores permitieron solicitar las medidas cautelares que ahora afectan el conjunto de propiedades.
La Fiscalía busca establecer, mediante el proceso de extinción de dominio, si los bienes fueron adquiridos con dinero producto de actividades ilegales o si fueron utilizados para facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
Un golpe a las finanzas del narcotráfico
La afectación económica supera los $22.118 millones, lo que representa un nuevo golpe a la capacidad financiera de la estructura investigada.
Más allá de las propiedades individuales, la operación busca afectar el mecanismo mediante el cual las organizaciones criminales convierten las ganancias del narcotráfico en bienes aparentemente legales.
Las autoridades continuarán con el proceso judicial para determinar el origen de los activos y establecer si cumplen las condiciones necesarias para que pasen definitivamente a manos del Estado.
Por ahora, las medidas son de carácter cautelar y hacen parte del proceso de extinción de dominio. La determinación definitiva sobre la pérdida de los derechos de propiedad deberá adoptarse dentro del trámite judicial correspondiente.
La operación contó además con cooperación internacional, particularmente del FBI, debido a que la investigación apunta a una estructura con presuntos vínculos con el tráfico transnacional de cocaína y el envío de cargamentos hacia territorio estadounidense y otros países.
