Una nueva alerta de la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el departamento del Atlántico por el avance de estructuras armadas ilegales que, según el organismo, estarían ejerciendo una “fuerte gobernanza” sobre la población civil en municipios del centro del departamento.
La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 019 de 2026, emitida este domingo y dirigida a las autoridades frente al escenario de riesgo identificado en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.
El informe describe un panorama en el que las organizaciones criminales no solo estarían disputándose el control de las rentas ilegales, sino que también estarían imponiendo reglas a las comunidades, restringiendo la movilidad y utilizando amenazas como mecanismo de intimidación.
De acuerdo con la Defensoría, entre las expresiones de ese control aparecen las denominadas “fronteras invisibles”, restricciones para desplazarse entre determinados sectores y la circulación de panfletos amenazantes en los que se anuncian supuestos procesos de “exterminio social” contra personas estigmatizadas y población migrante.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante porque, según el organismo, las estructuras ilegales también estarían regulando y disputando rentas provenientes de actividades como la extorsión sistemática, el microtráfico y el abigeato.
A esto se suma el presunto aprovechamiento de corredores terrestres y fluviales para transportar armas, estupefacientes e insumos químicos.
Los homicidios disparan las alarmas
Uno de los datos más preocupantes incluidos en la alerta está relacionado con el comportamiento de los homicidios.
En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 casos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, un incremento que prácticamente cuadruplicó el indicador.
El comportamiento en Baranoa resulta todavía más llamativo. La tasa pasó de 2,16 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 24,88 en 2025, lo que representa un incremento superior a once veces.
La Defensoría advierte que la violencia no se concentra exclusivamente en los cascos urbanos. También se han presentado hechos violentos en zonas rurales, entre ellas la trocha La Tomatera, en la vía Baranoa–Polonuevo, y el corredor que conduce hacia el corregimiento de Sibarco.
El organismo también identificó un riesgo particular para las mujeres. Los homicidios contra mujeres en la subregión Centro del Atlántico pasaron de uno a seis casos entre 2023 y 2024, lo que representa una multiplicación por cinco.
Una disputa entre estructuras criminales
Según la Defensoría, el escenario de riesgo estaría relacionado principalmente con la presencia, disputa y coexistencia violenta de diferentes estructuras.
Entre ellas se encuentra el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, además de organizaciones de crimen organizado regional como Los Costeños, vinculados en el informe al denominado Bloque Resistencia Caribe, y Los Pepes.
La alerta también menciona la incidencia de Los Rastrojos Costeños y de bandas delincuenciales que serían utilizadas o tercerizadas para determinadas actividades criminales.
La ruptura de una tregua entre Los Pepes y Los Costeños a comienzos de este año habría contribuido, de acuerdo con la Defensoría, a la reactivación de confrontaciones y retaliaciones armadas tanto en sectores urbanos como rurales.
El resultado sería un escenario en el que la población civil queda atrapada en medio de disputas por territorio y rentas ilegales.
¿Quiénes están más expuestos?
La advertencia de la Defensoría señala que los riesgos no afectan de la misma manera a toda la población.
Entre los grupos considerados en especial condición de vulnerabilidad aparecen comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Luruaco y Repelón, así como pueblos indígenas Mokaná y Kamash-Hu en Baranoa y Polonuevo y población Rrom en Sabanalarga.
También están expuestos los defensores de derechos humanos, líderes comunales, reclamantes de tierras y miembros de procesos sociales, quienes podrían convertirse en objetivo de amenazas o acciones de grupos ilegales.
La infancia y la juventud constituyen otro foco de preocupación debido al riesgo de reclutamiento, uso e instrumentalización criminal.
La Defensoría también advierte sobre riesgos específicos para mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como para población migrante, especialmente aquella que se encuentra en condición irregular.
El impacto también alcanza directamente a sectores económicos como comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores intermunicipales, actividades que pueden quedar expuestas a extorsiones y otras formas de presión criminal.
La advertencia de la Defensoría a las autoridades
Ante el panorama descrito, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales.
Entre las entidades llamadas a actuar se encuentran los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, entre otras instituciones.
La entidad pidió activar con carácter urgente la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el objetivo de implementar medidas de protección, disuasión de las amenazas y acceso a la justicia.
La Defensoría también reclamó que las respuestas institucionales tengan en cuenta las particularidades de género, étnicas y territoriales de las comunidades afectadas.
El llamado cobra especial relevancia ante el temor de que la violencia continúe escalando si no se adoptan medidas preventivas.
“Fronteras invisibles” y desplazamientos silenciosos
Uno de los aspectos que más preocupa es la posibilidad de que el control criminal termine normalizándose en sectores urbanos y rurales.
La Defensoría habla de desplazamientos forzados “silenciosos”, una modalidad que puede pasar inadvertida cuando las familias abandonan sus lugares de residencia por amenazas, presiones o miedo, sin que necesariamente exista un desplazamiento masivo visible.
La circulación de panfletos y las restricciones a la movilidad también pueden generar un efecto de confinamiento y limitar la libertad de las comunidades.
El escenario descrito plantea un interrogante de fondo para las autoridades: ¿hasta qué punto las estructuras criminales están sustituyendo de facto la autoridad institucional en algunos territorios mediante amenazas, extorsiones y restricciones a la población?
La propia expresión utilizada por la Defensoría —“fuerte gobernanza”— refleja la dimensión de la preocupación.
Una alerta que exige resultados
La Defensoría recordó que sus Alertas Tempranas son preventivas y no predictivas. Su objetivo es advertir sobre escenarios de riesgo para que las instituciones actúen antes de que ocurran hechos de mayor gravedad.
Por eso, la Alerta Temprana 019 de 2026 no significa que todos los escenarios advertidos necesariamente vayan a materializarse, sino que identifica condiciones que podrían poner en peligro la vida, libertad e integridad de las comunidades.
Ahora la responsabilidad queda en manos de las autoridades.
Los habitantes de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo esperan que las 31 recomendaciones no terminen archivadas en escritorios mientras las estructuras criminales continúan ampliando su influencia.
Porque detrás de las cifras de homicidios, las amenazas y las disputas entre bandas hay una realidad mucho más preocupante: comunidades que podrían estar comenzando a vivir bajo reglas impuestas por quienes deberían ser combatidos por el Estado.
