El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un plan piloto para reforzar el bloqueo de comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios del país, una estrategia con la que busca dificultar que personas privadas de la libertad continúen coordinando extorsiones, amenazas y otros delitos mediante teléfonos celulares.
La iniciativa fue explicada por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien aseguró que la instrucción presidencial es intervenir las comunicaciones que se originan desde las cárceles y avanzar hacia un mecanismo que permita actuar con mayor rapidez frente a los equipos utilizados para actividades delictivas.
“Golpear las comunicaciones del crimen desde las cárceles” es, según el funcionario, uno de los objetivos centrales de la estrategia.
Soto explicó que el Gobierno trabaja con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fuerza Pública y los operadores móviles para revisar los procedimientos actualmente establecidos.
La medida tiene como punto de partida el Decreto 851 de 2024, que permite al Inpec, en articulación con el Ministerio de Justicia, solicitar a los operadores el bloqueo de equipos terminales móviles y de las tarjetas SIM relacionadas con comunicaciones no autorizadas realizadas desde establecimientos de reclusión. La normativa contempla el bloqueo del IMEI del teléfono y del IMSI asociado a la SIM.
Uno de los cambios que analiza actualmente el Gobierno está relacionado con la velocidad de respuesta. La ministra TIC, Alexandra Falla, anunció recientemente que se revisarán los protocolos para hacer más efectiva la identificación y restricción de las comunicaciones ilegales originadas desde los centros penitenciarios.
Cinco frentes de la estrategia
De acuerdo con la explicación entregada por Soto, el plan contempla varios frentes de trabajo.
El primero será revisar los protocolos establecidos en el Decreto 851 para reducir los trámites que puedan retrasar el bloqueo de los dispositivos identificados.
El segundo consiste en establecer mesas permanentes entre MinTIC, Ministerio de Justicia, Inpec, Gaula y los operadores de telefonía móvil, con reuniones periódicas para evaluar los resultados y no solamente actuar después de que aparezcan nuevos casos.
El tercer frente estará dirigido a los operadores móviles, entre ellos Claro, WOM y Tigo, con el propósito de mejorar la identificación de los equipos y líneas desde los cuales se originan comunicaciones no autorizadas dentro de las cárceles.
El cuarto incorpora las aplicaciones de mensajería. El Gobierno busca que la estrategia no se limite a las llamadas telefónicas tradicionales, sino que también permita enfrentar el uso de plataformas como WhatsApp para enviar amenazas o coordinar extorsiones.
Finalmente, se realizarán pilotos de bloqueo y mecanismos de control del ingreso de celulares a los centros penitenciarios. Una de las dificultades técnicas será determinar cómo restringir las comunicaciones dentro de una cárcel sin afectar la cobertura de las zonas residenciales y comerciales ubicadas alrededor de los establecimientos.
También se revisará el ingreso y uso de celulares
La estrategia no estaría concentrada únicamente en las antenas y las redes móviles. El Gobierno también plantea reforzar los controles físicos dentro de las cárceles para impedir que los teléfonos lleguen a manos de los internos.
Soto señaló que el Ministerio de Justicia estudia medidas relacionadas con las requisas, los mecanismos de ingreso, las fuentes de energía utilizadas para cargar los equipos y otros elementos que permitan mantener los dispositivos fuera de las celdas.
La apuesta, según el funcionario, combina herramientas tecnológicas con mayores controles penitenciarios.
El Gobierno también pretende utilizar la información suministrada por los operadores para establecer desde qué establecimiento se origina una comunicación, qué línea y dispositivo están involucrados y, cuando sea técnicamente posible, qué tipo de servicio está siendo utilizado.
El reto será bloquear la señal sin afectar a los vecinos
Uno de los principales desafíos del plan piloto será lograr que el bloqueo tenga efecto dentro del establecimiento penitenciario sin generar interrupciones generalizadas en los barrios ubicados en sus alrededores.
Precisamente, la normativa vigente contempla una fase de prueba para verificar la posibilidad de implementar los procedimientos de bloqueo antes de extenderlos.
El Gobierno anunció que esta evaluación permitirá determinar qué mecanismos funcionan, cuáles requieren ajustes y cómo se puede evitar que una medida dirigida contra las comunicaciones ilegales termine afectando a usuarios que se encuentran fuera de las cárceles.
La estrategia se suma a otras medidas que la administración De La Espriella ha anunciado para endurecer los controles penitenciarios. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de pabellones especiales y el análisis de nuevos modelos de reclusión para internos considerados de alta peligrosidad.
Por ahora, el Gobierno deberá definir los establecimientos en los que comenzarán las pruebas, los parámetros técnicos y el cronograma de implementación.
El propósito declarado es reducir la capacidad de los internos para continuar operando redes criminales desde las cárceles, especialmente en casos relacionados con extorsiones y amenazas telefónicas.
