El Gobierno Nacional endureció su posición frente a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los máximos cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), luego de que el jefe de esa organización manifestara públicamente su intención de entregarse, pero condicionara esa decisión a la existencia de garantías y a conocer previamente el tiempo de prisión que tendría que cumplir.
El Ministerio de Justicia y del Derecho respondió al planteamiento con un mensaje directo: cualquier eventual sometimiento deberá realizarse a través de los mecanismos establecidos por la legislación colombiana y sin beneficios negociados por fuera del ordenamiento jurídico.
La cartera señaló que el sistema jurídico colombiano contempla los procedimientos para que quienes hacen parte de organizaciones criminales manifiesten su voluntad de someterse a la justicia.
“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, indicó el Ministerio.
La entidad fue enfática al advertir que “no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”.
Además, recordó que cualquier actuación del Estado deberá tener en cuenta los derechos de las víctimas y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
“Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, señaló la cartera.
Gobierno mantiene la presión contra las ACSN
El Ministerio de Justicia también dejó claro que la posibilidad de un sometimiento no implica el levantamiento de la ofensiva contra las estructuras criminales que continúen actuando al margen de la ley.
“Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos”, manifestó.
En ese sentido, el Gobierno invitó a alias ‘Pinocho’ a pasar de las declaraciones públicas a los hechos y formalizar su intención de entregarse mediante los canales institucionales.
“La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley”, enfatizó el Ministerio.
‘Pinocho’ pide garantías y cuestiona una eventual condena
Las declaraciones del Gobierno se producen después de una entrevista concedida por Castillo Carrillo a la revista Semana, en la que aseguró que está dispuesto a entregarse, aunque expresó reparos frente a las condiciones judiciales que enfrentaría.
El cabecilla manifestó que actualmente permanece oculto debido a una orden de captura en Colombia relacionada con el asesinato de un líder, hecho por el cual aseguró ser inocente. También reconoció que existe un requerimiento en su contra por un proceso de narcotráfico.
“Me escondo, pero no estoy corriendo”, afirmó.
Alias ‘Pinocho’ también envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella, luego de que el Gobierno cancelara los diálogos que se adelantaban con las ACSN.
Según manifestó, estaría dispuesto a someterse a la justicia colombiana y estadounidense, pero pidió garantías jurídicas y una legislación específica que determine las condiciones del proceso.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de recibir una condena extensa.
“¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”, preguntó.
El jefe de las ACSN sostuvo que podría entregarse y aportar información para esclarecer hechos que, según dijo, el país necesita conocer. Sin embargo, insistió en que requiere claridad sobre las condiciones que tendría que enfrentar.
También planteó que el eventual proceso debería contemplar a los demás integrantes de la organización.
“Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”, manifestó.
También habla de una eventual entrega a Estados Unidos
Castillo Carrillo aseguró que no teme una eventual actuación de las autoridades estadounidenses y manifestó su disposición a responder ante la justicia de ese país.
Dijo que, si existieran garantías y una ley de sometimiento, estaría dispuesto a colaborar con las autoridades y entregar información.
“Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber”, afirmó.
El cabecilla también cuestionó una eventual operación militar en la Sierra Nevada y aseguró que una incursión podría poner en riesgo a comunidades campesinas, indígenas y personas vinculadas al turismo.
Además, negó que en la Sierra Nevada exista presencia de cultivos de coca o de infraestructura para procesar cocaína y sostuvo que la economía de la zona está principalmente relacionada con el turismo.
De La Espriella pone plazo de una semana
En medio de este cruce de posiciones, el presidente Abelardo De La Espriella impartió una instrucción concreta a los ministros de Defensa y Justicia, Jorge Mora e Iván Cancino.
El mandatario les pidió coordinar, en un “plazo perentorio de una semana”, las acciones necesarias para concretar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo.
La orden presidencial también estuvo acompañada de una advertencia contundente: “Aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias”.
De La Espriella agregó que, si alias ‘Pinocho’ decide no entregarse y continúa enfrentando al Estado y cometiendo acciones criminales, la Fuerza Pública actuará.
“Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, afirmó el jefe de Estado.
De esta manera, el Gobierno puso sobre la mesa una definición clara: la puerta para el sometimiento permanece abierta, pero las condiciones no serán fijadas unilateralmente por el cabecilla de las ACSN. Ahora queda en manos de Castillo Carrillo decidir si materializa su anunciado propósito de entregarse dentro de los mecanismos establecidos por la ley o continúa en la clandestinidad.
