El Gobierno Nacional ya estableció un horizonte para tomar una de las decisiones más importantes sobre el sistema de salud: definir qué ocurrirá con las siete EPS que actualmente permanecen bajo intervención estatal.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que la meta de la administración es tener una determinación antes de finalizar 2026. Sin embargo, aclaró que no habrá una decisión general para todas las entidades, pues cada EPS será evaluada de manera independiente para establecer si tiene posibilidades de recuperación o si, por el contrario, deberá avanzar hacia un proceso de liquidación.
“Ese es el plazo que nos hemos puesto”, señaló la funcionaria al explicar el cronograma que maneja el Gobierno para revisar la situación de las entidades intervenidas.
Vesga entregó el balance durante el evento Visión y Prioridades del Sistema de Salud Colombiano, organizado por Así Vamos en Salud, la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. Durante el encuentro, presentó los resultados de sus primeros 30 días al frente de la cartera y expuso el diagnóstico que encontró al asumir el cargo.
Una crisis que va más allá de las finanzas
La ministra sostuvo que los problemas del sistema de salud no pueden explicarse únicamente por las dificultades financieras de las EPS o por las demoras en la atención de los pacientes.
Según su diagnóstico, también existe un deterioro de las capacidades institucionales, técnicas y territoriales que estaría afectando la posibilidad del Estado de ejercer una adecuada dirección del sistema.
Uno de los episodios que, según Vesga, le permitió dimensionar la situación ocurrió después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La funcionaria relató que, al intentar activar la estructura encargada de responder ante una emergencia, encontró que la persona responsable pertenecía al área de comunicaciones y estaba dedicada a tareas relacionadas con fotografía y seguimiento de redes sociales.
“Erosión técnica. Erosión institucional”, resumió la ministra al describir parte de las dificultades encontradas durante su primer mes de gestión.
Preocupación por la desconexión con las regiones
Otro de los puntos señalados por Vesga fue la falta de comunicación entre el Ministerio y algunas autoridades territoriales de salud.
La ministra afirmó que durante sus primeros días en el cargo encontró secretarios departamentales que aseguraron no haber tenido contacto con el Ministerio durante dos o tres años, mientras que otros manifestaron que nunca habían tenido comunicación con la cartera.
Para la funcionaria, esta desconexión representa un problema de fondo, debido a que dificulta conocer de primera mano las necesidades de cada departamento y limita la capacidad del Gobierno para tomar decisiones con información proveniente de los territorios.
La situación también tendría impacto en la gestión de emergencias y en la articulación de las políticas nacionales con las autoridades locales.
¿Qué pasará con las siete EPS intervenidas?
En medio de este panorama, uno de los principales desafíos del Ministerio será definir el futuro de las siete EPS que continúan bajo intervención.
La ministra insistió en que el Gobierno no pretende aplicar una fórmula única. Cada entidad tendrá que ser analizada de acuerdo con su situación financiera, capacidad operativa, prestación de servicios y posibilidades reales de recuperación.
A partir de esa evaluación se determinará cuáles pueden continuar bajo un proceso de recuperación y cuáles no tendrían viabilidad y deberán ser conducidas hacia una liquidación ordenada.
La definición resulta especialmente relevante para millones de afiliados, trabajadores, clínicas, hospitales y proveedores que dependen del funcionamiento de estas entidades.
Cuestionamientos a la administración de recursos
Vesga también puso bajo la lupa la manera en que, según su diagnóstico, fueron administrados los recursos del sistema durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con la ministra, la asignación de recursos habría respondido en determinados casos a las necesidades de quienes acudían directamente al Ministerio o contaban con respaldo político para gestionar sus solicitudes.
A su juicio, esa dinámica terminó teniendo consecuencias sobre la distribución de recursos, las inversiones y los mecanismos de control del sistema de salud.
Con este diagnóstico, el Gobierno enfrenta ahora la tarea de reorganizar las capacidades institucionales del sector y, paralelamente, resolver el futuro de las EPS intervenidas.
La fecha límite planteada por el Ministerio es clara: antes de que termine 2026 deberán conocerse las decisiones sobre cada una de las siete entidades, aunque el resultado podrá ser diferente para cada EPS.
