El presidente Abelardo De La Espriella interrumpió por unos minutos su alocución para abordar uno de los asuntos que calificó como especialmente delicado: el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales.
El mandatario fue enfático en señalar que los niños y adolescentes incorporados por los grupos armados deben ser considerados víctimas y que el Estado tiene una obligación reforzada de protegerlos. Sin embargo, advirtió que esta condición no puede ser utilizada por los responsables del reclutamiento para impedir la acción de la Fuerza Pública.
“Quiero detenerme particularmente en un asunto extremadamente delicado”, manifestó el presidente antes de desarrollar su planteamiento.
Según De La Espriella, un menor reclutado por una organización criminal debe ser tratado como una víctima de un delito y no como un integrante voluntario de la estructura armada.
“Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado. El Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra Fuerza Pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad”, afirmó.
“Los que cometen el delito son esos bandidos”
El presidente advirtió que existe un riesgo adicional si las organizaciones criminales comienzan a utilizar deliberadamente a menores para dificultar las operaciones de las autoridades.
“Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños. Los que cometen el delito son esos bandidos”, sostuvo.
De acuerdo con el mandatario, permitir que los grupos armados utilicen a menores como mecanismo de protección frente a las operaciones estatales podría generar un incentivo para que continúen con esta práctica.
“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado”, señaló.
Para De La Espriella, esa situación terminaría favoreciendo precisamente a quienes vulneran los derechos de los menores mediante su reclutamiento.
El Gobierno promete operaciones con mayor precisión
Frente a este escenario, el presidente planteó que las Fuerzas Militares y la Policía deben combinar la protección de los menores con una estrategia eficaz contra las estructuras criminales.
“La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado”, afirmó.
Según explicó, su administración pretende fortalecer las capacidades de inteligencia, mejorar la precisión de las operaciones y realizar una evaluación rigurosa de cada objetivo antes de adelantar acciones contra organizaciones armadas.
El mandatario insistió en que la protección de los niños debe permanecer como una prioridad durante cualquier operación.
Su planteamiento se produce en medio de las discusiones sobre el alcance de las operaciones militares contra grupos armados ilegales y los límites que deben observar las autoridades cuando existe información sobre la presencia de menores en campamentos o estructuras criminales.
También habló de los cultivos ilícitos
Durante la misma intervención, De La Espriella se refirió a la política contra los cultivos ilícitos y a las decisiones relacionadas con la eventual utilización de mecanismos de erradicación aérea.
El presidente señaló que cualquier determinación deberá estar respaldada por estudios y procedimientos técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales.
“Cualquier decisión de este Gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse”, afirmó.
El jefe de Estado también rechazó que la discusión sobre estas medidas se convierta en una confrontación personal con los jueces.
“No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional”, sostuvo.
Finalmente, defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre las decisiones judiciales, la protección de los derechos fundamentales y la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó.
