La advertencia fue hecha por Milena López, presidenta de Corficolombiana, durante la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena, donde planteó que existen proyectos estructurados que podrían avanzar sin requerir grandes aportes de recursos públicos.
Según López, además de las iniciativas que hacen parte de los programas de infraestructura 5G, existe un grupo importante de iniciativas privadas que ya han sido estructuradas y que podrían convertirse en una alternativa para mantener el ritmo de inversión en infraestructura en Colombia.
“A esto sumo las iniciativas privadas, que son proyectos que el sector privado ha estructurado. La gran mayoría de estos no requieren recursos significativos del Estado, y simplemente lo que tenemos es que ponernos manos a la obra”, señaló durante su intervención.
El planteamiento adquiere especial relevancia debido a las dificultades fiscales que enfrenta el Gobierno nacional. En ese escenario, la posibilidad de impulsar proyectos mediante esquemas que involucren capital privado podría convertirse en una herramienta para evitar que grandes obras de infraestructura queden paralizadas por falta de recursos del presupuesto nacional.
López también llamó la atención sobre el papel que pueden desempeñar las administraciones territoriales.
De acuerdo con la presidenta de Corficolombiana, pese a las dificultades financieras del Gobierno central, existen alcaldías y gobernaciones con capacidad financiera suficiente para sacar adelante proyectos de infraestructura, siempre que exista una adecuada estructuración y voluntad para ejecutarlos.
El mensaje del sector financiero al nuevo Gobierno apunta, por tanto, a que la falta de recursos nacionales no necesariamente tendría que significar una parálisis de la inversión en infraestructura.
La discusión pasa ahora por determinar cuáles de los proyectos cuentan con estudios, diseños, permisos y modelos financieros suficientemente avanzados para iniciar su ejecución y cuáles todavía requieren superar etapas de estructuración.
El desafío para la administración De La Espriella será establecer cuáles obras pueden avanzar rápidamente, cuáles pueden ser financiadas mediante participación privada y cuáles requieren necesariamente recursos públicos.
La cifra de $49 billones representa, además, un potencial importante para sectores como transporte, conectividad regional y desarrollo logístico, con posibles efectos sobre el empleo, la competitividad y la movilidad de mercancías y pasajeros.
El planteamiento también pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿puede Colombia mantener su agenda de grandes obras recurriendo cada vez más al capital privado y a la capacidad financiera de los gobiernos territoriales?
Para López, parte de la respuesta estaría precisamente en aprovechar los proyectos que ya han sido estructurados y que no dependen exclusivamente de nuevas apropiaciones del presupuesto nacional.
En medio de un escenario de restricciones fiscales, la apuesta por las asociaciones público-privadas y las iniciativas privadas podría convertirse en uno de los mecanismos para mantener activa la construcción de infraestructura durante el Gobierno de De La Espriella.
La señal del sector financiero es clara: hay proyectos, hay inversionistas y existen entidades territoriales con capacidad para participar; ahora el reto es pasar de la estructuración a la ejecución.
