El Gobierno nacional reportó un incremento en el bloqueo de líneas telefónicas y celulares utilizados para realizar comunicaciones no autorizadas desde las cárceles del país. Según el balance presentado por los ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), uno de los operadores registró un aumento del 97,08 % en las líneas bloqueadas entre septiembre y octubre de 2026.
La medida busca reducir las llamadas de extorsión que se originan desde los establecimientos penitenciarios, donde algunas personas privadas de la libertad utilizan dispositivos móviles para amenazar a ciudadanos, exigir dinero y coordinar actividades delictivas en el exterior.
Las cifras muestran que Tigo pasó de 240 a 473 líneas bloqueadas, mientras que WOM aumentó de 50 a 93 y Claro pasó de 303 a 400.
El Gobierno también presentó resultados sobre el bloqueo de equipos mediante su código IMEI, un número de identificación único que permite impedir que un celular específico se conecte a las redes móviles, incluso si se cambia la tarjeta SIM.
En este frente, Claro pasó de 229 a 346 equipos bloqueados, un crecimiento del 51,09 %. WOM aumentó de 98 a 141 dispositivos, equivalente al 43,88 %, y Tigo pasó de 211 a 251, con un incremento del 18,96 %.
Nuevos controles dentro de los centros penitenciarios
Además de los bloqueos, el Ministerio TIC anunció la preparación de un protocolo de atención prioritaria, que será coordinado con la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
La propuesta contempla realizar verificaciones directamente en los establecimientos penitenciarios, agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de respuesta ante denuncias sobre señales y comunicaciones no autorizadas.
Para ello, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC trabajará en la conformación de un grupo especializado que permita identificar con mayor rapidez los centros desde los cuales se estarían realizando llamadas ilegales.
La cartera también anunció que estudiará nuevas tecnologías para mejorar los sistemas de control de señales en las cárceles.
Por su parte, el Ministerio de Justicia coordinará con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el fortalecimiento de las requisas y los controles internos, con especial atención al ingreso y uso de teléfonos celulares y otros dispositivos prohibidos.
El desafío de frenar las extorsiones desde las cárceles
Las cifras presentadas corresponden a bloqueos realizados por los operadores entre septiembre y octubre. Aunque reflejan un aumento de las restricciones técnicas, no permiten establecer por sí solas cuántas llamadas extorsivas dejaron de realizarse ni si todos los centros penitenciarios cuentan con controles eficaces.
El reto para las autoridades será mantener las restricciones, impedir el ingreso clandestino de nuevos equipos y responder con rapidez cuando se detecten comunicaciones ilegales.
La estrategia busca evitar que las personas privadas de la libertad utilicen los establecimientos penitenciarios para continuar amenazando a ciudadanos o coordinando actividades criminales fuera de las cárceles.
