La medida incluye a reconocidos integrantes de estructuras disidentes como alias ‘Calarcá’, alias ‘Andrey Avendaño’, alias ‘John Mechas’, alias ‘Walter Mendoza’ y alias ‘Leopoldo’, entre otros.
La determinación fue adoptada después de que la Fiscalía revocara la designación de estas personas como miembros representantes de los grupos armados, condición que les había permitido mantener suspendida la ejecución de las órdenes judiciales existentes en su contra.
De acuerdo con la resolución conocida en primicia por Caracol Radio, la Fiscalía sostuvo que, una vez revocada dicha condición, corresponde reactivar las órdenes de captura de quienes habían recibido ese beneficio.
“Como consecuencia de la revocatoria de la designación como miembros representantes, se impone la reactivación de las órdenes de captura de todas aquellas personas que, por ostentar tal calidad, tienen el beneficio de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que pesan en su contra”, señala el documento firmado por la fiscal general, Camargo.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos al cumplimiento de los compromisos asociados al proceso de paz total y de señalamientos relacionados con la persistencia de hechos que afectarían los derechos humanos y la seguridad en diferentes regiones del país.
Uno de los nombres que vuelve a quedar en el centro de la actuación judicial es el de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
Precisamente, en las últimas horas la Fiscalía solicitó ante la juez 104 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio que se imponga una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra ‘Calarcá’.
La solicitud busca que el señalado jefe disidente permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Con la reactivación de las 27 órdenes de captura, la Fiscalía marca un nuevo escenario frente a los integrantes de las estructuras armadas que habían obtenido la suspensión de sus órdenes en el marco de los acercamientos del Gobierno con grupos ilegales.
Ahora, las autoridades podrán volver a ejecutar las órdenes judiciales que permanecían suspendidas, mientras avanzan las actuaciones correspondientes contra los señalados cabecillas.
