Las diligencias están programadas en Bogotá y marcarán el rumbo de las investigaciones que involucran a Guerrero, quien estuvo cerca de ser designada como viceministra de las Juventudes, y a Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En el caso de Juliana Guerrero, la Fiscalía la llevará a juicio por las presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos que presentó para modificar su hoja de vida y aspirar a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.
De acuerdo con la investigación, Guerrero habría utilizado dos diplomas y las respectivas actas de grado que serían falsos: uno como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública. Con esa información, habría actualizado sus datos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep II.
La Fiscalía sostiene que esos documentos fueron utilizados con el propósito de respaldar su eventual nombramiento como viceministra de las Juventudes.
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con el título de contadora pública que Guerrero habría obtenido de la Fundación Universitaria San José. Según la tesis de la Fiscalía, la mujer habría conseguido el documento pese a que no habría asistido a clases, presentado exámenes ni realizado la prueba Saber Pro exigida para la obtención del título profesional.
Por estos hechos, el ente acusador la llevará ante un juez por el delito de fraude procesal.
La audiencia de acusación contra Guerrero está prevista para las 10:00 de la mañana ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá.
El segundo proceso que tendrá un capítulo decisivo este jueves involucra a Ricardo Roa, quien hasta hace poco estuvo al frente de Ecopetrol y fue una de las personas más cercanas a Gustavo Petro durante la campaña presidencial de 2022.
La Fiscalía sostiene que Roa habría incurrido en tráfico de influencias por actuaciones relacionadas con un negocio inmobiliario y presuntas gestiones dentro de Ecopetrol.
El caso gira alrededor de un apartamento ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, en Bogotá, adquirido por Roa por $1.800 millones, pese a que, según el ente investigador, el inmueble tendría un valor comercial cercano a los $2.727 millones.
La diferencia, de acuerdo con la Fiscalía, sería de aproximadamente $927 millones, equivalente a un 34 % por debajo del valor comercial.
La investigación plantea que el vendedor del inmueble, Juan Mancera, habría resultado posteriormente beneficiado por gestiones relacionadas con un proyecto de regasificación.
Según la Fiscalía, Roa habría ejercido una influencia indebida sobre el entonces presidente de Hocol para favorecer los intereses particulares de Mancera, con quien había realizado la negociación por el apartamento.
El ente acusador considera que esa relación comercial habría generado un posible conflicto de intereses y es uno de los elementos centrales de la acusación por tráfico de influencias.
La audiencia contra Roa está programada para las 12:00 del mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.
Pero este no es el único frente judicial que enfrenta el exdirectivo. Roa también está involucrado en una investigación relacionada con las presuntas irregularidades en la presentación de los informes sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 ante el Consejo Nacional Electoral.
Con las audiencias de este jueves, ambos casos entrarán en una fase determinante. La presentación formal de los escritos de acusación permitirá a la Fiscalía exponer ante los jueces los cargos y las pruebas con las que pretende llevar a juicio a Guerrero y Roa.
En todo caso, la acusación no equivale a una condena. Será la justicia la encargada de determinar, durante el proceso, si las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten establecer la responsabilidad penal de los dos investigados.
