La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la posible responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’, un supuesto acuerdo con antiguos jefes paramilitares que habría buscado obtener declaraciones contra figuras políticas.
Según la información divulgada, el ente acusador abrió una noticia criminal el pasado 31 de agosto y decidió trasladar la documentación a la instancia del Congreso competente para investigar a los presidentes y expresidentes de la República.
La investigación busca establecer si existieron gestiones entre funcionarios del Gobierno de entonces y excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para promover testimonios contra dirigentes políticos, presuntamente con propósitos relacionados con procesos electorales.
Benedetti y Angie Rodríguez, también bajo la lupa
El caso se conoce en medio de actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, que anunció una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez.
Las pesquisas disciplinarias se relacionan con la posible participación de ambos exfuncionarios en gestiones vinculadas a la denominada mesa de diálogo social. El alcance de sus actuaciones deberá establecerse a partir de las pruebas recopiladas por los organismos competentes.
¿Qué significa la remisión a la Cámara?
La compulsa de copias permite que la Comisión de Investigación y Acusación examine los hechos y determine si existen elementos para avanzar en una investigación contra Petro. Por sí sola, esta decisión no demuestra que el expresidente haya cometido un delito ni equivale a una imputación formal de cargos.
El punto central será establecer si el supuesto acuerdo existió, quiénes participaron, qué actuaciones se realizaron y si hubo alguna finalidad ilegal en la obtención de declaraciones contra dirigentes políticos.
La investigación también deberá precisar si las actuaciones señaladas tuvieron relación con intereses electorales y si existen pruebas que permitan atribuir responsabilidades individuales.
Por ahora, el caso permanece en etapa de esclarecimiento. La documentación remitida a la Cámara y las actuaciones posteriores de las autoridades serán determinantes para establecer el alcance de los señalamientos contra Petro y los demás funcionarios mencionados.
