La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo 3 de agosto de 2026, a las 2:10 de la tarde, la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En la misma diligencia judicial también deberán comparecer Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana; la exfuncionaria Vanessa Álvarez Restrepo, y el particular Sebastián de Jesús Ortega Urán.
La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre los años 2020 y 2021, cuyo valor supera los 17.654 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la ejecución de estos convenios se habrían presentado presuntas irregularidades que permitieron el desvío de recursos públicos mediante el supuesto cobro de comisiones y otros favorecimientos indebidos. Por estos hechos, el ente acusador solicitará la imputación de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Tras conocerse la fecha de la audiencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que este proceso ya cuenta con personas capturadas, principios de oportunidad y preacuerdos. Además, aseguró que Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue secretaria de Medio Ambiente durante la administración de Daniel Quintero, actualmente se desempeña en el Fondo Adaptación del Gobierno nacional.
Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero Calle rechazó las actuaciones de la Fiscalía y sostuvo que el proceso hace parte de una persecución política en su contra y contra su hermano. Asimismo, negó las acusaciones relacionadas con personas que hicieron parte de su administración.
La audiencia de imputación corresponde a una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad. En consecuencia, todas las personas vinculadas a esta investigación mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades avanzan con el proceso judicial.
