Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Gaula Policía, y en coordinación con unidades adscritas al Gaula del Ejército Nacional, permitió judicializar a 14 personas que estarían al servicio del Clan del Golfo en Magdalena.
Esta red armada estaría involucrada en, por lo menos, seis homicidios ocurridos en el presente año y siete eventos extorsivos.
De acuerdo a la indagación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Magdalena, los procesados estarían determinando homicidios selectivos en área rural de El Banco (Magdalena) y sectores aledaños. Asimismo, están presuntamente implicados en la comisión de extorsiones a comerciantes de dicho municipio.
Entre los homicidios atribuidos a la organización, se encuentra el de un comerciante que se negó a pagar la cuota extorsiva y publicó en redes sociales, imágenes de los cobradores del grupo. Así mismo, el de 6 vendedores de estupefacientes del municipio, que no acataron la orden de vender la mercancía de este grupo delincuencial.
Así mismo durante el período, participaron activamente en el supuesto paro armado decretado por esa organización en abril del presente año, y por lo menos en dos ocasiones, coordinaron actividades para atentar contra la vida de policías uniformados del municipio, hechos estos que fueron frustrados por la oportuna alerta y coordinación entre los investigadores y la fuerza pública en la zona.
Los procesados fueron capturados durante diligencias de allanamiento y registro realizadas por el Ejército Nacional el pasado 19 y 20 de octubre. Los detenidos son:
- Oscar Iván Ardila Gutiérrez.
- Marco Tulio Barico Pérez.
- Edwin Cantillo Martínez
- Jarvis Cantillo Martínez.
- Luis Fernando Jiménez.
- Edwin Javier Mejía
- Ciro Méndez Mejía.
- Héctor Molina.
- Máximo Tobías.
- Freddy Javier Rodríguez.
El ente acusador les endilgó a estas personas según su grado de responsabilidad los delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.
Tras avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías de Santa Marta impuso a todos los procesados medida de aseguramiento de detención preventiva de carácter intramural.
