El ente acusador trasladó el pliego de cargos por un cuestionado préstamo de $300 millones que habría desbordado el objeto social de una compañía privada. La defensa argumenta que el movimiento contable contaba con aval de la junta de socios.
El pasado judicial de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), suma un nuevo y complejo capítulo que se remonta a los movimientos financieros previos al ciclo electoral de 2018. La Fiscalía General de la Nación corrió traslado formal del escrito de acusación en su contra por el presunto delito de administración desleal, relacionado con el manejo de recursos corporativos que habrían terminado inyectados en la contienda política de la época.
El caso gira en torno a un préstamo de $300 millones de pesos desembolsado por la empresa Practimax S.A. De acuerdo con el expediente, dicho flujo de capital se autorizó apenas dos días antes de la primera vuelta presidencial de 2018 y tuvo como destino el apoyo logístico y financiero a la campaña de Gustavo Petro, quien en ese año terminó perdiendo el balotaje frente a Iván Duque.
La tesis de la Fiscalía: Detrimento al patrimonio privado
La hipótesis que sostiene el ente acusador apunta a que el préstamo se gestionó por fuera de los cánones legales de la administración de sociedades. Según los hallazgos iniciales ventilados por el diario El Tiempo, Fernando Albert Granada, en su condición de gerente y socio de Practimax S.A., habría viabilizado de manera “fraudulenta” la entrega del dinero bajo la coordinación de López.
Para la Fiscalía, esta operación representó una transgresión a los deberes fiduciarios de los administradores:
Ruptura del objeto social: El movimiento de caja desbordó las actividades comerciales autorizadas de la firma, desviando recursos hacia el financiamiento político.
Perjuicio a accionistas: La maniobra financiera generó un detrimento directo y un riesgo injustificado al patrimonio de las empresas y a las participaciones de los socios minoritarios.
El escudo de la defensa: Actas bajo la lupa
Frente al avance del escrito de acusación, la defensa técnica de Olmedo López ha salido al paso argumentando que los hechos no tipifican el delito de administración desleal. El eje de la estrategia jurídica de la defensa radica en desestimar la legitimidad de la denuncia interpuesta por Carlos Mario Zapata, otro de los socios de la compañía.
Según los abogados de López, el propio Zapata carece de fundamento para declararse afectado debido a que “firmó el acta de la asamblea en la que se facultaba y autorizaba expresamente al representante legal para ejecutar este tipo de préstamos y movimientos financieros”, por lo que el desembolso habría contado con el quórum y el consentimiento societario requerido por la ley comercial.
Un frente judicial múltiple
Este expediente por delitos económicos en el sector privado le llega a Olmedo López en el momento de mayor vulnerabilidad jurídica. Cabe recordar que el exfuncionario avanza paralelamente en su proceso de colaboración con la justicia por el macrocaso de corrupción en la UNGRD, donde su defensa aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en relación con los millonarios sobrecostos en la contratación pública de la entidad.
Con el traslado del escrito de acusación, el proceso entra en la etapa preparatoria de juicio, donde un juez de la República deberá evaluar la validez de los soportes contables de Practimax S.A. y definir la responsabilidad penal del exdirector en la controvertida ruta del dinero de 2018.
