La Fiscalía General de la Nación avanza en nuevas imputaciones contra los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 11 de agosto, tras el ataque del 7 de junio durante un acto político en el parque El Golfito de Bogotá.
En las más recientes diligencias judiciales, cuatro adultos fueron imputados por homicidio agravado consumado: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o ‘Chipi’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano. Estos dos últimos también enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, a partir de nuevos elementos probatorios.
En el caso de Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco, la audiencia quedó pendiente porque no contaba con abogado defensor. Según la investigación, habría transportado el arma utilizada por el sicario adolescente, por lo que su situación jurídica se definirá en próximas audiencias.
De manera paralela, la Fiscalía tiene bajo la lupa a por lo menos dos intermediarios que habrían servido de enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del crimen. La identidad de estas personas permanece en reserva, aunque su rol resulta clave para esclarecer la cadena de mando detrás del asesinato.
La familia de Uribe Turbay insiste en la presunta participación de José Aldinever Sierra, alias Zarco Aldinever, miembro de la Segunda Marquetalia, y ha solicitado que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad, con el fin de impedir que prescriba y garantizar un proceso más amplio.
Aunque la principal hipótesis apunta a la participación de disidencias de las Farc, la Fiscalía no descarta la intervención de otros grupos armados ilegales como el Eln o estructuras del narcotráfico con nexos internacionales. La línea investigativa más sólida sugiere que el magnicidio buscó enviar un mensaje de poder criminal, dada la importancia política de Uribe Turbay y sus aspiraciones presidenciales en el Centro Democrático.
El proceso cuenta con cooperación internacional de agencias de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que apoyan en el rastreo de movimientos financieros y migratorios vinculados a los presuntos autores intelectuales.
