La Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento en la sede de Activos por Colombia, en Barranquilla, luego de recibir información sobre presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los sistemas de información de la entidad.
La diligencia se llevó a cabo el domingo 27 de septiembre y fue confirmada este miércoles por Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien explicó que la denuncia surgió a partir de información recibida por la nueva administración sobre posibles hechos irregulares.
De acuerdo con Bravo, la alerta estaba relacionada con una eventual manipulación de los sistemas informáticos que podría haber incluido la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional.
La funcionaria señaló que esa información eventualmente podría haber quedado fuera del alcance de la administración que asumió recientemente el manejo de la entidad.
Ante estas alertas, la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, con participación del CTI, adelantó la diligencia de registro y allanamiento. En el procedimiento también participaron unidades especializadas en investigaciones contra la corrupción y delitos cibernéticos, además de la DIJÍN y un grupo anticorrupción.
La Procuraduría General de la Nación acompañó el procedimiento con una delegada, según explicó la presidenta de la SAE.
Durante el allanamiento fueron incautados varios equipos tecnológicos que ahora serán sometidos a análisis forenses. El objetivo es preservar la evidencia digital y establecer si efectivamente se produjo alguna alteración, manipulación o eliminación de información institucional.
“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información”, explicó Bravo.
La funcionaria también indicó que un juez de control de garantías declaró la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento, mientras continúa la investigación para determinar si se configuraron conductas delictivas y quiénes serían eventualmente responsables.
El caso ha generado interés político debido a que las presuntas irregularidades estarían relacionadas con información y actuaciones de la entidad durante la anterior administración nacional. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión judicial que establezca que funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro hayan cometido los hechos investigados.
La SAE aseguró que entregará toda la información requerida por los organismos de investigación y control y que su instrucción actual es preservar los archivos y garantizar el acceso de las autoridades a la información.
“Que sean las pruebas, los análisis forenses y la justicia los que determinen qué ocurrió y quiénes deben responder”, sostuvo la presidenta de la entidad.
El resultado de los peritajes será determinante para establecer si los sistemas de información fueron intervenidos y si hubo eliminación u ocultamiento de documentos, correos o cuentas institucionales
