La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, en un proceso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y supuestos beneficios otorgados a un empresario.
La acusación fue sustentada ante un juez de Bogotá por la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Claudia Emilia Garrido, quien expuso la tesis del ente investigador sobre el supuesto uso indebido del cargo que Roa ocupaba al frente del grupo Ecopetrol.
De acuerdo con la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares y, presuntamente, intervenir en decisiones relacionadas con una de las compañías subordinadas del grupo empresarial.
La investigación señala que Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, favorecer al empresario Juan Guillermo Mancera mediante oportunidades de negocio dentro de esa filial.
Uno de los episodios centrales de la acusación está relacionado con el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena. Según la Fiscalía, Roa habría instruido a Rojas para que el proyecto fuera adjudicado a Gaxi ESP SAS, empresa de propiedad de Mancera.
La Fiscalía sostiene que esta supuesta instrucción habría sido transmitida durante varias reuniones entre Roa y Rojas. Una de ellas, según el expediente, ocurrió después de una junta directiva de Hocol, cuando ambos habrían compartido un almuerzo en un restaurante de Bogotá.
El caso también está relacionado con la adquisición de un apartamento de lujo que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido comprado a un precio favorable y estaría conectado con los beneficios que presuntamente recibió Mancera.
La Fiscalía señala además que Mancera, un coronel retirado del Ejército, habría terminado beneficiándose de oportunidades contractuales mientras se desarrollaban estos hechos.
Rojas pide ser reconocido como víctima
Antes de que la Fiscalía expusiera formalmente la acusación, Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y considerado un testigo relevante dentro del proceso, solicitó ser reconocido como víctima.
Su abogado manifestó que Rojas habría sufrido amenazas contra él y su familia como consecuencia de los hechos investigados.
La Fiscalía, por ahora, no solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Ricardo Roa, por lo que el expresidente de Ecopetrol enfrentará esta etapa del proceso en libertad.
Roa niega los cargos
Durante la audiencia, Ricardo Roa manifestó que no acepta los cargos formulados por la Fiscalía y se declaró inocente.
La defensa cuestionó la acusación y calificó la imputación como “oscura”, argumentando que el ente investigador no habría precisado suficientemente los hechos jurídicamente relevantes que vincularían a Roa con el delito.
El abogado Juan David León también cuestionó que la compra del apartamento pueda ser considerada, por sí sola, como una conducta delictiva y pidió mayor claridad sobre la relación entre la adquisición del inmueble y el supuesto tráfico de influencias.
El proceso se suma a otro expediente que mantiene a Ricardo Roa en el centro de las investigaciones judiciales. La Fiscalía también lo llamó a juicio por su presunta responsabilidad en la violación de los topes de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa se desempeñaba como gerente de esa campaña.
En ese caso, el ente acusador sostiene que los gastos habrían superado en aproximadamente $1.664 millones los límites establecidos por la ley.
Según la Fiscalía, durante la primera vuelta presidencial se habrían ejecutado gastos por cerca de $29.924 millones, frente a un límite de $28.536 millones. En la segunda vuelta, los gastos habrían alcanzado alrededor de $13.623 millones, frente a un tope de $13.347 millones.
Así, Roa enfrenta actualmente dos frentes judiciales de alto impacto: uno relacionado con su gestión al frente de Ecopetrol y otro derivado de su papel como gerente de la campaña presidencial de 2022. En ambos casos, las acusaciones deberán ser debatidas dentro de los respectivos procesos y no constituyen, por sí mismas, una condena.
