La disputa por el salario mínimo de 2026 tomó un nuevo rumbo tras la decisión de Fenalco de acudir al Consejo de Estado para demandar el decreto con el que el Gobierno decretó un incremento del 23,7%. El gremio de los comerciantes solicitó, además, la suspensión provisional de la norma mientras se resuelve el fondo del proceso.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que el decreto se aparta de los parámetros legales que tradicionalmente rigen la fijación del salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la participación de los salarios en el ingreso nacional. Según el dirigente, estas variables habrían sido sustituidas por el concepto de “salario vital”, el cual —afirmó— no tiene carácter obligatorio dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
El gremio también cuestionó el sustento técnico del aumento, señalando que no se explica de manera clara cómo se pasó de proyecciones cercanas al 6,21% a un alza que casi cuadruplica esa cifra. En ese sentido, Fenalco advirtió que se desconoció el rol del DANE en la certificación de la canasta del IPC, insumo clave para medir la inflación.
Más allá del debate jurídico, la federación alertó sobre posibles efectos económicos adversos, como presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, mayor informalidad y afectaciones a las finanzas públicas. Por ello, pidió al alto tribunal suspender el decreto mientras se adelanta el estudio de legalidad.
Fenalco insistió en que la demanda no busca ir en contra de los trabajadores, sino evitar que el incremento salarial termine afectando el poder adquisitivo y la estabilidad económica del país, e hizo un llamado a que prime la seguridad jurídica en esta discusión.
