La reciente suspensión de ayudas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha generado preocupación en Valledupar, especialmente entre la población migrante venezolana y retornada, que se beneficiaba de atención médica gratuita a través del Hospital Eduardo Arredondo Daza (HEAD).
Desde 2020, el HEAD había habilitado el Centro de Salud La Victoria, cuyo principal objetivo era ofrecer atención a migrantes y personas sin afiliación al sistema de salud, particularmente a los venezolanos que enfrentan la crisis política y económica en su país. El centro brindaba servicios médicos generales, psicología y entrega de medicamentos sin costo, gracias a un contrato entre el HEAD y la ONG Fundación Americares, cuyo principal patrocinador era la USAID.
Sin embargo, la reciente decisión del presidente de Estados Unidos de congelar las ayudas internacionales afectará directamente a estos migrantes, quienes ahora se ven en la incertidumbre respecto al futuro de su atención médica. La situación se complica aún más por la falta de afiliación al sistema de salud de aquellos migrantes sin documentación o sin el Permiso de Protección Temporal, lo que limita aún más sus posibilidades de recibir atención médica.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también beneficiaria de fondos de la USAID en la región, ha declinado emitir declaraciones sobre la situación actual, aunque ha confirmado que continuará operando con los recursos disponibles.
Iveth Ibáñez, representante de la ‘Red Panas’, una asociación que apoya a migrantes en Valledupar expresó su preocupación por el impacto que la falta de recursos tendrá en los migrantes irregulares, quienes serán los más afectados, especialmente aquellas mujeres gestantes y niños que requieren atención urgente.
La suspensión de ayudas también ha afectado otros programas de asistencia, como el apoyo alimentario y el transporte humanitario proporcionado por organizaciones como Mercy Corps. Además, la falta de documentación para los migrantes ha agravado su acceso a servicios básicos como la educación, ya que los colegios no aceptan a los niños sin la documentación adecuada.
El futuro de los migrantes en Valledupar es incierto, y las autoridades locales y organizaciones sociales trabajan en busca de soluciones para garantizar que esta población vulnerable no quede desprotegida.
